Balza presenta a Gil-Robles y al Consejo de Europa sus medidas contra la tortura

El consejero de Interior, Javier Balza, explicará mañana al comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, y a varios miembros del Secretariado del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), ambos organismos del Consejo de Europa, las medidas que aplica ya la Ertzaintza a los detenidos en régimen de incomunicación para evitar posibles torturas. Balza aseguró este mes en el Parlamento vasco que la grabación de los interrogatorios a los detenidos y de su estancia en la zona de calabozos hará "imposible" los malos tratos en las comisarías.

La primera cita que mantendrá Balza será a las 9.30 en la sede del Consejo de Europa con representantes del Secretariado del CPT, ante la "imposibilidad" de reunirse con su presidenta, la británica Silvia Casale, según precisaron ayer fuentes del comité. En cualquier caso, la presidenta de este comité conoce ya de primera mano todo lo relacionado con el protocolo que se aplica a los detenidos incomunicados por la policía vasca, tras la reunión que mantuvo con el máximo responsable de la consejería de Interior en octubre de 2003.

En aquella ocasión, Casale agradeció la información suministrada sobre el protocolo -que incluye, entre otras cosas, reconocimientos diarios por forenses, análisis de orina, y la comunicación de la detención a la familia y al juez en los primeros 30 y 60 minutos, respectivamente- y se comprometió a "estudiarlo a fondo".

El CPT es un organismo que realiza recomendaciones a los Estados tras inspeccionar in situ los centros de detención y las prisiones, y mantener entrevistas con responsables gubernamentales, judiciales y ONGs. La última visita a España, sobre la que aún no hay informe, la encabezó en diciembre de 2005 Silvia Casale, quien permaneció una semana en nuestro país junto con otros miembros del comité. En ese viaje, además de analizar la situación de los detenidos, la delegación viajó a Melilla para examinar el trato dado por la Guardia Civil en la frontera a los inmigrantes que logran salta la valla desde Marruecos.

Una de las recomendaciones que el CPT ha ido repitiendo en todos sus informes sobre España publicados hasta la fecha es la conveniencia de reducir la incomunicación a un máximo de 48 horas (ahora puede ser prorrogada por el juez hasta cinco días). En el informe publicado en marzo de 2003, sobre una visita girada en julio de 2001, el CPT censuró a España por incumplir sus recomendaciones. El comité precisaba en ese texto las recomendaciones que deberían aplicarse "sin mayor dilación": acceso a un abogado desde el inicio del arresto, comunicar en un plazo máximo de 48 horas a sus familiares la causa y lugar de detención, y que los detenidos puedan acceder a un forense de su elección.

"Hacer el juego a ETA"

El informe del CPT, que subrayaba que el marco legal español "fracasa" en las medidas efectivas de control para evitar torturas, fue fuertemente censurado por el Gobierno del PP. El entonces ministro de Justicia, José María Michavila, no quiso entrar en polémicas con el Consejo de Europa, pero dijo que quien crea que en España se tortura "hace el juego a ETA".

El segundo encuentro que tiene previsto mantener Balza mañana en Estrasburgo será con el comisario europeo de Derechos Humanos. La primera visita que giró Álvaro Gil-Robles a Euskadi, cuyo informe sobre el respeto a los derechos humanos como consecuencia de la actividad terrorista y la kale borroka se hizo público en plena batalla política entre nacionalistas y constitucionalistas en 2001, acabó en un sonado rifirrafe entre ambos responsables políticos. Gil-Robles acusó entonces al Ejecutivo de Ibarretxe de actuar con cierta pasividad ante la violencia callejera y de permitir la difusión de ideas excluyentes y xenófobas en las escuelas. En concreto, sobre la policía vasca señaló que los grupos del terrorismo callejero operaban "en un clima de impunidad casi total, debido a la pasividad" de la Ertzaintza. El Gobierno vasco, en un contrainforme, calificó el documento de Gil-Robles de "tendencioso, sesgado, parcial y político".

Esta tormenta política está ya completamente superada. De hecho, en su última visita al País Vasco, en marzo de 2005, Gil-Robles destacó que la violencia callejera "prácticamente ha desaparecido" desde 2001.