El veto de EE UU amenaza un contrato español con el Ejército libio

El veto de EE UU, que ha dejado en suspenso la venta de 12 aviones de transporte a Venezuela, amenaza con frustrar también algunos contratos militares con Libia. La modernización de cuatro helicópteros Chinook, por 24 millones, por la que pugna Eurocopter España, resulta inviable sin la luz verde de Washington, según los expertos.

Fuentes de la Embajada de EE UU en Madrid no quisieron pronunciarse ayer sobre los proyectos de cooperación en materia de Defensa entre España y Libia. Se limitaron a recordar que, aunque las relaciones de Washington con Trípoli han mejorado sensiblemente, el régimen del coronel Gaddafi sigue incluido en la lista de "Estados que patrocinan el terrorismo", junto a Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

La inclusión en esta lista supone una serie de restricciones políticas y económicas, entre otras, la prohibición de vender material de defensa y el control de las exportaciones de productos de doble uso (civil y militar). Mientras esta norma siga vigente, Washington no aprueba la reexportación a Libia de productos militares de origen estadounidense.

Esta prohibición puede afectar de lleno al contrato de modernización de cuatro helicópteros CH-47 Chinook del Ejército libio por 24 millones de euros, por el que pugna Eurocopter España. Esta compañía es propietaria de Aisa, que modernizó los helicópteros Chinook del Ejército de Tierra español en colaboración con la fabricante, la estadounidense Boeing. Los expertos consideran que es muy difícil que la firma española pueda acometer la modernización de estos helicópteros sin la luz verde de Washington. De hecho, la visita que debía realizar el pasado día 9 una delegación libia a la base de Colmenar Viejo (Madrid), para examinar los Chinook modernizados, no se ha llevado a cabo.

Más preocupante es la posibilidad de que el veto pudiera llegar a afectar al contrato sobre control del tráfico aéreo civil, que acaba de firmar Indra por 48 millones de euros, o al propósito de las autoridades libias de ampliar este sistema a la defensa aérea, por un valor cuatro veces superior, a pesar de que la oferta española no incluye en principio tecnología estadounidense.

En agosto de 2003, Trípoli aceptó su responsabilidad por el atentado de Lockerbie, contra un vuelo de la compañía Pan Am, en el que murieron 270 personas en 1978, y se comprometió a indemnizar a los descendientes de las víctimas, lo que llevó a la ONU a levantar el embargo.

Sin embargo, el coronel Gaddafi se ha negado a pagar el último plazo de la indemnización hasta que Washington le borre de la lista de regímenes terroristas. A su vez, las conversaciones se ven complicadas por las reclamaciones de las petroleras estadounidenses, que abandonaron Libia hace dos décadas y ahora se preparan para volver.

Washington y Trípoli no mantienen relaciones diplomáticas, pero la oficina de intereses de EE UU ocupa una planta del hotel más lujoso de la capital y el servicio secreto libio es uno de las más estrechos aliados de la CIA en la lucha contra Al Qaeda y las redes del integrismo islámico.