Las 'leyes' del suelo

Dentro de unos meses, si el Parlamento finalmente lo decide, dejaremos de ser la última comunidad autónoma sin ley. Del suelo, quiero decir. ¿Y? Pues la verdad es que, tal y como les ha ido a las demás, no es para lanzar cohetes. El debate en la calle acaba de comenzar y hay quien entiende que tener ley equivale a una especie de panacea contra el desorbitado precio de la vivienda. Craso error establecer tan directa relación, como erróneo es también el ignorar que el País Vasco, a través de la llamada ley Maturana, hace ya muchos años que tiene fijado en el 65% la cuota del suelo urbanizable que debe ser destinado a la vivienda de promoción pública -que no es lo mismo que vivienda de protección oficial (VPO), por más que algunos pretendan leerlo así-. Un porcentaje deslumbrante cuando en Navarra, por ejemplo, están en el 20%, y el tripartito catalán clama por conseguir alcanzar ese mismo exiguo porcentaje.

Hay quien entiende que tener ley equivale a una especie de panacea contra el precio de la vivienda. Craso error

Donde los municipios han gestionado con agilidad su planeamiento la oferta de vivienda se aproxima a la demanda

Y hemos olvidado que cuando el dictador Franco murió en su cama, más del 60% del parque de viviendas español era protegido (quién lo diría hoy día). Claro que fue a costa de la degradación brutal que el desarrollismo produjo en nuestras ciudades y de aquel inmenso parque de infravivienda que aún no se ha terminado de reconvertir y recuperar. Desde entonces, la crisis de los 70 y 80, los altos intereses y las restricciones financieras, el reparto competencial, los planes plurianuales y una política definitivamente liberal de los gobiernos de Aznar nos dejan un panorama en el que apenas un 10% de la producción anual de viviendas son de régimen protegido como media estatal, mientras en Euskadi se llega a un meritorio 30%, fruto de la citada ley Maturana.

¿Qué ha cambiado? En 1985, en España se construyeron 200.000 viviendas, mientras que actualmente estamos por encima de las 600.000 anuales. Entre 1985 y 2005, en 20 años, el IPC ha aumentado el 217 %, el índice general de la Bolsa un 930%, mientras el correspondiente al valor de las grandes constructoras españolas ha crecido casi un 1.600%. Pero, también, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España alertan sobre el volumen de crédito excesivo que se mueve en el mercado hipotecario y sobre el endeudamiento que el ciudadano de a pie -o sea, todos- viene soportando.

¿Y por qué? En el mismo lapso de tiempo antes citado, el valor de la vivienda ha crecido el 715%. Menos que las constructoras o la Bolsa, luego aún tiene margen. ¿Para quién? Pues para usted y para mí; para el ciudadano que lleva también 20 años de supuesto negocio, viendo cómo sube y sube el precio de una casa (la suya) que no puede vender, pues no le llega para comprar otra, pero compartiendo el espejismo de que esto es jauja.

Madrid, Cataluña y Euskadi encabezan el ranking del precio más alto en la vivienda, por encima de los 300.000 euros. Las tres con modelos distintos de gestión del suelo, pero con los mismos precios. Y no me digan que como Donostia es mucho más bonito que Santander por eso los pisos valen el doble en la capital guipuzcoana.

No hay ni ley ni ciencia que lo explique, más allá de que la sociedad en su conjunto participa de un juego en el que unos ganan dinero de verdad y otros viven de una ilusión. Una ilusión que se torna peligrosa al final (la burbuja, existir, ya lo creo que existe), y por ello unos tienen más responsabilidad que otros. Los responsables de la gestión, para empezar.

En 2002, en Euskadi se iniciaron 5.000 VPO; 6.500 en 2003; 4.400 en 2004, y 4.300 en 2005. Los tiempos de la gestión del suelo suponen unos dos años para disponer de él y otros dos para la construcción de las viviendas. Conclusión: la gestión del equipo de Javier Madrazo queda disfrazada, al principio, por la herencia anterior. Es operativa, supuestamente, a partir del 2003, y justamente en una continua marcha atrás. Jamás ha sido capaz de poner 5.000 viviendas/año en el mercado -afirmarlo, es pura falacia-, cuando la demanda cierta supera las 12.000. Por no hablar de las viviendas sociales, las destinadas a los más débiles -de un 3,5 a un 5% de la población-, especialmente en el entorno de Bilbao y Margen Izquierda, donde vive el 61% de los "pobres de solemnidad" del país, según el Estudio de Pobreza de junio del 2005 del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco. Un cero patatero al respecto.

Eso sí, somos la única comunidad del mundo mundial en la que las viviendas calificadas de protección lo serán eternamente. Serán viviendas divinas. Nada de 20 ni de 30 años de restricción en la venta, de mantener una expectativa razonable en ese sentido al final de la vida laboral del empleado medio. Y todo para que no especulen aquellos a los que lo normal es que no les sobre de nada, y en un país donde la vivienda sigue siendo el refugio del ahorro de la población, especialmente de los más débiles: precisamente a éstos, se les condena a la frustración social. En definitiva, estas tendencias cargadas de ideología abocan al disparate total, pues generan dos prototipos opuestos de ciudadanos: los que pueden, por sus rentas o con la ayuda familiar, adquirir un alojamiento, y los que, careciendo de los medios económicos necesarios para ello, están a expensas de una respuesta pública que les condena a ser reos del libre mercado.

Si alguien dijo que el proletariado se había disuelto en las clases medias, faltaba que la a veces errática política de este país aupara a estos pseudo-izquierdistas, que no pasarían un examen de economía elemental, para que, efectivamente, nuestros actuales jóvenes se consideren como los nuevos parias de la tierra. ¡A la revolución por la VPO!

Hace falta una ley, en efecto, pero hace falta, sobre todo, gestionar, poner el aparato administrativo a funcionar, a trabajar. Y el elemento esencial para una gestión eficaz es el ayuntamiento. Allí donde los ayuntamientos han gestionado con agilidad su planeamiento urbanístico, donde el suelo sale al mercado, la oferta de vivienda libre y protegida se aproxima a la demanda. Y los precios bajarán, o simplemente se estabilizarán, cuando, además, la gestión coincida con la coyuntura adecuada.

Podría parecer hasta una broma que toda la maleducada palabrería de los señores Madrazo y Dean contra el Ayuntamiento de Barakaldo, en particular, se haya estrellado porque que se les olvidó presentar en plazo su absurdo recurso judicial. Los cambios legislativos deben apostar por los ayuntamientos, poniendo en sus manos real capacidad gestora, con instrumentos legales y con todos aquellos recursos financieros que en otras instancias se demuestran ineficaces, simplemente por estar lejanos al problema real, al vecino, a la gestión diaria con todos los agentes implicados.

Y para eso, señoras y señores del Parlamento, sería de agradecer que fueran capaces de alumbrar una ley sencilla, comprensible, eficaz. Atendiendo a esa pequeña revuelta pacífica que algunos ayuntamientos han protagonizado recientemente, en torno a las llamadas "viviendas de protección local" y que, sin duda, tendrá también consecuencias a mejor sobre la VPO. Aparentemente, esta cuestión parece suficientemente madura en los ayuntamientos, en Eudel, en las diputaciones. El ciudadano, y sobre todo las jóvenes generaciones, se lo agradecerán.

Javier A. Muñoz es arquitecto-urbanista.