Bomberos sin agua

Si un ciudadano o ciudadana de Barcelona circula con su vehículo por la ciudad y se encuentra con un agujero en la calle, con un semáforo que no funciona, con un atasco sin regular por un agente, con la imposibilidad de entrar en su aparcamiento porque alguien ha aparcado en su vado, resulta obvio que culpará de todos y cada uno de estos problemas a su Ayuntamiento, no al Estado ni a la Generalitat.

Si a este mismo ciudadano o ciudadana le preguntamos por qué en estos casos imputa la responsabilidad al Ayuntamiento de Barcelona y no a los otros gobiernos, es bastante probable que derive esta responsabilidad del pago anual de su impuesto de vehículos, dando por supuesto que este impuesto sirve de contraprestación o cubre los gastos que los coches generan en la ciudad. Un impuesto del que seguramente recordará su cuantía aproximada, aunque se halle entre el 27% de los barceloneses que han optado por domiciliar el pago del tributo.

La ciudadanía percibe con mucha mayor claridad la carga correspondiente a los tributos locales que la de los tributos estatales y autonómicos porque en estos últimos operan mecanismos de ilusión financiera

Ahora bien, a muchos ciudadanos seguramente les sorprenderá el siguiente ejemplo real sobre las cargas generadas por un vehículo en razón de su adquisición, tenencia y utilización, así como su distribución entre las distintas administraciones.

Supongamos que un residente en Barcelona: 1. Compra un vehículo nuevo valorado en 18.000 euros, y paga en ese momento el 16% de IVA (2.880 euros) y el 7% de impuesto de matriculación (1.260 euros). 2. Recorre unos 15.000 kilómetros al año y consume 8 litros cada 100 kilómetros de gasolina sin plomo, por lo que, de acuerdo con el precio medio publicado por el Ministerio de Industria en diciembre de 2005, devengará 40 céntimos por impuesto especial de hidrocarburos, unos 13 céntimos por IVA y dos céntimos por el "céntimo sanitario". 3. Mantiene la titularidad del vehículo durante ocho años, por lo cual pagará anualmente 143,88 euros por impuesto de circulación, así como 24 euros por el impuesto de primas de seguros que las aseguradoras están obligadas a repercutir, suponiendo que tiene contratado un seguro de unos 400 euros al año. 4. Durante estos ocho años, el vehículo se someterá como mínimo a tres inspecciones técnicas, a razón de 28,5 euros de tasa por cada servicio. 5. Estaciona su vehículo en una plaza de aparcamiento de propiedad o de alquiler, por la que tributará unos 50 euros de IBI, o estaciona en área verde 48 semanas al año, a 1 euro por semana.

Pues bien, al finalizar este periodo -suponiendo, para simplificar el modelo, que las tarifas de todos estos tributos se hayan mantenido invariables-, de cada euro que haya pagado en impuestos, 45,3 céntimos corresponden al Estado, 40,2 céntimos a la Generalitat y ¡tan sólo 14,5 céntimos al Ayuntamiento de Barcelona!

Si a lo largo de ocho años los tributos que el Ayuntamiento de Barcelona percibirá por este coche constituyen menos de la séptima parte que el conjunto de los percibidos por el Estado y por la Generalitat, ¿cómo se explica que el impuesto de vehículos y el IBI de la plaza de aparcamiento -o, en su caso, la tasa del área de aparcamiento regulado- sean percibidos por los contribuyentes como los más gravosos? A mi modo de ver, fundamentalmente por dos razones: por la extrema visibilidad de los tributos locales y por el discurso irresponsable al que recurren sistemáticamente los partidos de la oposición.

En este sentido, resulta fácil constatar que la ciudadanía percibe con mucha mayor claridad la carga correspondiente a los tributos locales que la de los tributos estatales y autonómicos, en los que intervienen mecanismos de ilusión financiera que no operan en el ámbito local, como, por ejemplo, la ocultación del impuesto junto con el precio de los bienes o servicios (así, los impuestos que gravan la compra del automóvil o los carburantes), o la asociación del tributo a momentos de especial satisfacción del contribuyente (así, los impuestos que gravan la compra y matriculación del vehículo).

Sin duda, esta circunstancia es aprovechada por los grupos de la oposición, en nuestro caso Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular, que, empeñados en utilizar la fiscalidad municipal como arma de desgaste del gobierno de la ciudad, contribuyen a realizar una publicidad negativa de los recursos propios locales. Si realmente quisieran hacer una oposición constructiva, al referirse al impuesto sobre vehículos en Barcelona, además de explicar a los ciudadanos que su cuantía es elevada, deberían explicar también su poco peso relativo, como ha quedado demostrado con el ejemplo anterior. Tampoco deberían olvidar que desde 1998 las cuotas del impuesto no se han actualizado ni en el IPC, o que la deslocalización de vehículos se está convirtiendo en una lacra frente a la cual el Ayuntamiento no tiene mecanismos para luchar. Pero, sobre todo, todos deberíamos demandar una financiación para el mundo local que nos permita, por fin, dejar de ser bomberos sin agua o cirujanos sin bisturí. Porque, en definitiva, sólo reclamamos los recursos necesarios para arreglar con eficacia y eficiencia el agujero de la calle o el semáforo estropeado, en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Montserrat Ballarín es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona.