Un desafío democrático a los Ayuntamientos

En España, particularmente en Andalucía, debido a su situación geográfica y al prestigio de su cultura popular, en estos días no hay aldea, pueblo o ciudad que se escape de la presión financiera interesada en convertir el suelo rústico en urbano y en edificar miles de inmuebles, más de los necesarios. Basta leer la prensa o escuchar con atención la radio.

La edificación de 250.000 viviendas en el área metropolitana de Sevilla en los próximos diez años, producirá el colapso de todos los sistemas urbanísticos: infraestructuras, vías, equipamientos, transportes, espacios culturales y ambientales protegidos y de los servicios: seguridad, protección, medio ambiente, salud, educación, etc., que tienen dimensión pública. En esas circunstancias, florecerá la excluyente oferta privada. Diferente a nuestra cultura; como en Estados Unidos.

Por lo pronto, el informe sobre el colapso del transporte, ya lo conoce la Junta. La solución del problema se vislumbra para el año 2020. Pero en los quince años próximos, la situación será peor que la actual. Todas las nuevas viviendas ya estarán terminadas, los usuarios serán 700.000 más y al ritmo vigente, el paisaje y el entorno medioambiental se encontrarán irreversiblemente deteriorados.

Así, la ciudad mediterránea heredada, origen de la política y de lo público cuyo último fin es la calidad de vida (Polis, Aristóteles, felicidad) se diluirá dentro del modelo de la ciudad neoliberal estadounidense que ha logrado consolidar el espacio urbano privado sometiéndose a los requerimientos de la economía lucrativa inmobiliaria (pragmatismo empresarial) antes que a los intereses de sus habitantes (convivencia solidaria, civilidad).

Dicho proceso se ha fortalecido debido a que los "poderes públicos" no han sido capaces de garantizar los contenidos que, por una parte, recoge el Estatuto de Andalucía y, por otra, constan en los artículos 45, 46 y 46 de la Constitución: derecho a la buena calidad del Medio Ambiente, al Patrimonio Cultural y a la vivienda, como taxativamente se dice, impidiendo la especulación.

Pero siendo honestos, ¿en un sistema económico de libre mercado es posible impedir la especulación si al mismo tiempo, ésta no es un delito? Todos los delitos están tipificados en la Ley. La especulación inmobiliaria está condenada por la Constitución, pero es legal, aunque, por unanimidad, la condenemos porque es inmoral.

Así las cosas, el equilibrio entre el sistema económico (libre mercado) y la forma de gobierno (democracia participativa y solidaria) resulta muy difícil. Mantenerlo, sin embargo, no depende solamente de quienes dominan el mercado y de los gobernantes, sino también de la sociedad, del ser humano cuyo sentido de la vida, como dicen los clásicos, es ser feliz. Dicho en términos coloquiales, el ciudadano tiene el derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, sobreentendiendo que ésta incluye la satisfacción de las necesidades individuales pero al mismo tiempo, de las necesidades sociales básicas: el patrimonio medioambiental (paisaje, recursos naturales no renovables), el patrimonio cultural (valor social añadido de los bienes) y el patrimonio social (identidad, sociabilidad, cohesión, forma de disfrutar el tiempo).

En pocas palabras, el ciudadano que vive en democracia debe tener garantizados los derechos que residen en el ámbito de la sostenibilidad, o sea, de la ética, no sólo de la economía; de la libertad responsable, no únicamente de la libertad de mercado.

Pero si los procesos sociales y de gobernabilidad democrática, en determinadas circunstancias aparecen difíciles y opacos, no tienen por qué asumirse como irreversibles. Al contrario, los procesos cerrados deben ser transformados en abiertos, aquellos opacos tienen que hacerse transparentes; han de retroalimentarse y adquirir validez con la participación ciudadana real, y no solamente con el cumplimiento de formalidades previstas como sucede, por ejemplo, durante el proceso de aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Almensilla resolvió reclasificar suelo para la construcción de 18.000 viviendas y aprobó el Avance del PGOU de este municipio que según el IAE tiene 14 kilómetros cuadrados donde residen 1.200 familias en 1099 viviendas.

Hace pocos días, la "sociedad civil" almensillera, a través de una encuesta hecha por profesores universitarios, ha recogido y difundido la opinión de sus vecinos acerca de cuánto y cómo debe crecer el núcleo urbano. Los resultados ratifican las alegaciones con centenares de firmas presentadas oportunamente y discrepan radicalmente de la decisión tomada por quienes fueron elegidos democráticamente en las urnas pero que, aun cumpliendo la formalidad de los procedimientos administrativos, gobiernan con procesos opacos y cerrados a la participación ciudadana. Tal como, con la tolerancia de los demás "poderes públicos", sucede en todos los Ayuntamientos que ahora están aprobando sus PGOUs. Excepto en dos.

El 75%, es decir, tres de cada cuatro de los actuales habitantes de Almensilla, opinan que el núcleo urbano debe crecer por el bien de todos, pero de manera controlada, de forma compacta, máximo unas 2.000 viviendas. Nueve veces menos de las previstas por el Ayuntamiento al tenor de los convenios urbanísticos firmados anticipadamente con las empresas inmobiliarias.

Qué gran ejemplo democrático. Merece ser imitado por los habitantes de todos los municipios de Andalucía e incluso asumido como un procedimiento de obligado cumplimiento. Porque la democracia también debe formar parte de la calidad de vida de los españoles. Si tantas veces se ha despreciado las razones técnicas, las razones democráticas tendrán que ser tomadas en cuenta. ¡Felicitaciones almensilleros!

Jorge Benavides Solís es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla