El calvario de Paulina Ramírez
El Gobierno de México reconoce el aborto legal en caso de violación
Una luz de esperanza se encendió el miércoles para las mujeres que, como Paulina Ramírez, han sido víctimas de violación. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en un despacho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, delegados gubernamentales de México y organizaciones de defensa de la mujer firmaban un acuerdo histórico mediante el que un Gobierno latinoamericano reconoce, por primera vez, que el aborto legal en caso de violación es un derecho. El acuerdo obliga además a las autoridades mexicanas a abonar unos 33.000 dólares (27.750 euros) "por daño emergente y daño moral" a Paulina y a su hijo.
"Queremos utilizar el caso para que no haya más Paulinas", dijo exultante Luisa Cabal, directora del programa internacional del Center For Reproductive Rights, en Nueva York, que asistió a la firma.
La víctima recibirá una indemnización de 27.750 euros "por daño emergente y daño moral"
Ha sido una batalla larga que empezó en Mexicali (Baja California Norte), el 31 de julio de 1999, una noche de un calor sofocante. Paulina fue a dormir a casa de su hermana Yanet en busca del poco aire que removía el ventilador de techo. El violador entró en la vivienda con ánimo de robar mientras dormían las dos jóvenes y los dos hijos de Yanet. Despertaron con el filo de una navaja en el cuello. El hombre abusó de Paulina en medio de un violento forcejeo. Tenía 13 años. Otro tipo entró poco después para violarla de nuevo. La víctima pudo ver el tatuaje de tres mujeres en el cuerpo del agresor. Fue suficiente para reconocer después a Julio César Cedeño Márquez, El Cuervo, hoy en prisión. El otro violador nunca fue identificado.
La madre, María Elena Jacinto, presentó la denuncia ante la policía y las autoridades certificaron la violación. El artículo 136 del Código Penal de Baja California reconoce el derecho a abortar legalmente a aquellas mujeres que fueron violadas, pero, en contra de esa ley, todos los médicos del servicio de ginecología del Hospital General de Mexicali se negaron, por convicciones morales o religiosas, a practicar el aborto.
"El obispo Isidro Guerrero y el gobernador Alejandro González Alcocer [Partido Acción Nacional] inventaron un montón de calumnias contra la niña. Toda una sociedad acusadora se ensañó contra Paulina. El peso de la Iglesia fue asfixiante", explica Socorro Maya Quevedo, abogada de Paulina hasta que hace un año y medio dejó todo y se marchó a Estados Unidos. "Me acusaron de abogada abortera y me estigmatizaron, pero quiero volver a México, a mi lucha. Sentí mucho dejar la defensa de Paulina", dice en una conversación telefónica desde su residencia en Oregón. "Paulina nunca tuvo el apoyo de ningún funcionario, pero tenía claro que quería abortar", dice la abogada. De haber nacido en el seno de una familia acomodada, habría cruzado la frontera para conseguir un aborto legal en San Diego y asunto terminado.
El 13 de abril de 2000, Paulina dio a luz por cesárea a Isaac. Hasta el presidente Vicente Fox opinó del caso: "En una hora, esa chica está enamorada de su hijo". La periodista y escritora Elena Poniatowska escribió Las mil y una... (la herida de Paulina) sobre su historia. Paulina, ya con 20 años, habló con EL PAÍS desde Mexicali. Fue muy escueta. "Qué bueno que se haya logrado un acuerdo después de cinco años de lucha. Me encuentro bien", dijo.
El acuerdo firmado en Washington obliga al Gobierno de Baja California a indemnizar a Paulina y, lo que es más importante, establece una reglamentación estatal y federal clara para que funcionarios y médicos apliquen sin maniobras dilatorias la interrupción del embarazo a las mujeres violadas que así lo soliciten.
