Realidad y deseo

Hay que felicitarse de que, por fin, la Comisión Europea se proponga articular un mercado energético común. Nunca es tarde, aunque sea de forma tan borrosa como la que aparece en el Libro Verde que acaba de presentar. Europa necesita una política común de abastecimiento energético, reducir la dependencia del petróleo importado y un esfuerzo común para rebajar las emisiones de CO2, sea a través de una resurrección de los programas nucleares o mediante otro tipo de estrategias. Nadie puede estar en desacuerdo con tan beneméritos objetivos ni lamentar propósitos tan loables como el de reforzar el acuerdo de suministro de gas ruso. Más bien hay que sorprenderse de que se hayan perdido tantos años antes de exponerlos públicamente y abrir un debate público sobre ellos.

Ahora bien, mientras no se conozca con exactitud la voluntad política real de los poderes nacionales para alcanzar esos objetivos mediante un calendario preciso y organizado, el Libro Verde será una ensoñación más de las que suelen empantanarse en las cumbres europeas. No debe ignorar la Comisión que hoy no existen condiciones para aprobar una política energética común; que los mercados nacionales más importantes -el francés, el alemán o el italiano- tienen empresas dominantes cuidadosamente protegidas; que las redes de transporte de cada país constituyen sólidos monopolios naturales; y que en algunos casos se mantiene la práctica de que el Gobierno fije las tarifas eléctricas. Son razones suficientes para considerar que el Libro Verde es un catecismo bien intencionado y oportunamente difundido para dejar sin justificación las recientes medidas defensivas adoptadas en Francia y España.

La Comisión debe reconocer que si la eurozona dispusiera hoy de una política común de abastecimiento energético, la reacción protectora de Madrid y París en los casos de Endesa y Suez perdería argumentos e impulso político; y convendrá también en que esas grandes empresas energéticas europeas que sugiere requieren un inevitable arbitraje político. Los ejemplos escogidos por el Ejecutivo comunitario -las compañías aeronáuticas y de defensa- no se han construido precisamente mediante OPA que ignoran las necesidades estratégicas de cada país, sino mediante la negociación de las parcelas de decisión que afectan a cada Gobierno nacional. Así que si Bruselas quiere hacer honor a su sugerencia, debería responder ya a la pregunta de si están dispuestos a defender modelos de empresas pactadas desde los poderes públicos, como Airbus o EADS. Y, en caso afirmativo, si Francia, Alemania, Italia o España respaldarían tal modelo.