La responsabilidad imposible

Hace un tiempo el que escribe hablaba en estas páginas de la "responsabilidad remota" para aludir a un fenómeno consolidado en el mundo político y que ahora cobra relevancia en el ámbito privado: el sistemático desplazamiento de la culpa de los individuos a los entes colectivos (preferentemente públicos) sea cual sea la naturaleza del estropicio, las circunstancias en que se produce o el sujeto que lo provoca. Luisa Etxenike contradijo, con agudeza crítica, algunos de los argumentos expuestos, recordando que, ciertamente, sobre negligencias privadas pueden existir negligencias de otro orden y que en éstas también incurren los poderes públicos. Pero a veces la realidad viene a fortalecer el argumento originario e incluso lo supera.

Un incendio en la pensión que gestiona una ONG ha acabado en Bilbao con la vida de varias personas y dejado en la calle a los habitantes del inmueble. Se apunta que algunos residentes encendían hornillos en las habitaciones, pero no puede imputarse a nadie el trágico suceso sin pruebas definitivas. Hay que presumir que se estará investigando al respecto. Lo cierto es que, si las informaciones publicadas son ciertas, la pensión donde se originó el incendio no presentaba ninguna irregularidad, contaba con todos los permisos, tenía una escalera interior autorizada y no padecía problemas de hacinamiento. Incluso, tras la denuncia interpuesta por algunos vecinos, se había realizado el pasado mes de diciembre una inspección, encontrándose la pensión en buenas condiciones y siendo además considerada la vivienda como "una de las mejores del inmueble". Ahora, tras el incendio, propietarios de otros pisos del edificio declaran que no es su deseo cerrar la pensión, ni echar a la gente que vive en la misma, pero sí denunciar a las instituciones por lo sucedido. "Es posible que existan responsabilidades criminales", avanza incluso el representante vecinal, en busca de algún edil expiatorio.

A la vista de todo esto, calificar como "responsabilidad remota" ciertas inclinaciones de la cultura jurídica popular es quedarse muy corto. "Responsabilidad imposible" sería más apropiado para aludir a un arbitrio tan fantasmagórico de la culpa. Porque resulta fantasmagórico combinar, supongo que en aras de la corrección política, la radical inocencia de la pensión, de la entidad propietaria y de aquellos que la habitan, con la no menos radical culpabilidad de la Administración pública, administración a la que, a pesar de las inspecciones realizadas y de las condiciones de legalidad establecidas, se le imputa no haber realizado los controles necesarios. Dicho de otro modo: se acusa a la Administración por no vigilar lo suficiente a una entidad tan magnífica que tampoco se entiende por qué se debería vigilar.

Hemos creado una cultura política en la cual los poderes públicos resultan directos responsables de todo lo que ocurre, incluso en el ámbito más íntimo y privado. Da igual que sean malos tratos, atropellos, radiaciones, incendios, derrumbamientos, tsunamis, ciclones o epidemias. La culpa es de las instituciones: asesinatos, plagas, allanamientos, estafas, cataclismos, insolvencias, seísmos y diluvios son siempre obra de algún político. Se habla a menudo de educar en valores, pero quizás habría que renunciar a proyectos ambiciosos y encarar empresas más modestas. Ya que parece difícil hacer de nosotros ciudadanos, que al menos logremos ser buenos vecinos. Para ello sería necesario insistir en algunas ideas sencillas. Por ejemplo, que las personas mayores de edad y no enajenadas son siempre responsables de sus actos; que el ejercicio de la libertad individual está condicionado por el interés colectivo y por la libertad de los demás; incluso que el Estado, esto es, el poder público, no es una compañía de seguros.

Declarar que el Estado no es una compañía de seguros (un fondo de compensación de seguros, a decir verdad, ya que no parece necesario pagar ninguna cuota para exigirle todo lo que nos venga en gana) puede pasar hoy día por una flagrante violación de los derechos humanos. Pero, evidentemente, el problema no reside en la naturaleza de los derechos, sino en la lectura que se hace de ellos cada día.