El PSOE pide que dimita un edil al que acusa de adjudicar parquímetros a la empresa de un amigo

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, pidió ayer la dimisión del concejal responsable de Movilidad, Pedro Calvo (PP), tras conocerse que una de las empresas adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrileño, según el PSOE. El gobierno municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gestión del aparcamiento de pago, pero subraya que concurrió al concurso asociada con Sufi S.A. y que es a la unión de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en 11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede "vetarse" a una empresa porque su dueño conozca a un concejal.

La unión de empresas (UTE) formada por Sufi S.A. e Hixitel Hixienes se presentó al concurso de gestión de la nueva zona de parquímetros convocado en noviembre pasado, y el 9 de enero de 2006 obtuvo uno de los tres lotes, según informó ayer el diario El Mundo y confirmó el coordinador general de Seguridad, Fernando Autrán.

Esa UTE gestionará, a cambio de 144 millones de euros repartidos en 11 años, 28.570 plazas verdes (para residentes) y azules (para visitantes) de ocho barrios del sur -Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella- y del casco histórico de Carabanchel.

Sufi pertenece al grupo Sacyr y gestiona parquímetros en otros barrios desde que el servicio de estacionamiento regulado (SER) se instauró en Madrid, en 2002. Pero Hixienes, con un capital social de sólo 3.005 euros, no tiene ninguna experiencia en ese campo. Poco antes de presentarse con Sufi al concurso del Ayuntamiento, Hixienes modificó su objeto social (hasta entonces centrado en trabajos de limpieza y desinfección) para incluir "la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas".

A ese concurso concurrieron cinco empresas, y tres resultaron adjudicatarias, cada una para una zona de la ciudad: Eysa (FCC), la UTE formada por Api (ACS), Etralux (ACS) y grupo Vinci; y la de Sufi e Hixienes. Quedaron fuera Dornier (Ferrovial) y la UTE Setex-Urbaser. Ambas gestionan parquímetros en otras zonas de la ciudad.

El apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares González, fue diputado del PP en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y dirigió Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que el hoy concejal Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.

"No es razón"

Calvo no quiso hablar ayer. Su número dos, Fernando Autrán, afirmó: "Es verdad que Calvo y Casares se conocen, pero todos los políticos conocen a empresarios y comen con ellos habitualmente. Eso no puede ser razón para vetar a una empresa en un concurso. Si Calvo hubiese ordenado vetar a esa empresa, habría cometido prevaricación".

Calvo firmó el documento de adjudicación definitiva el 18 de enero, según figura en el expediente. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan "parentesco" o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendrán de intervenir en el procedimiento". "Pero ese artículo sólo se refiere a los funcionarios que intervienen en la mesa de adjudicación, no al cargo político, que se limita a firmar la propuesta que la mesa hace", replica el coordinador general de Seguridad.

Autrán insistió en que el procedimiento ha sido "totalmente transparente" y en que la adjudicación fue aprobado "por unanimidad" en la mesa de contratación -donde están presentes un representante de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y el interventor municipal-. Afirmó que el cambio en el objeto social es "lo que hacen todas las empresas cuando concurren a un concurso" y subrayó que, aunque la gallega sea una empresa pequeña, "quien responde ante el Ayuntamiento es toda la UTE, cuyo 60% está en manos de Sufi, es decir, del grupo Sacyr".

Comisión de investigación

La portavoz socialista, Trinidad Jiménez, pedirá en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación sobre esta adjudicación. "Si Calvo tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular", afirmó. Tras asegurar que los socialistas han recibido "denuncias de algunas de las empresas que han pedido ser adjudicatarias y se les ha rechazado sin ninguna causa objetiva", Jiménez afirmó: "No se puede poner permanentemente en duda la actuación de la clase política. Esto nos perjudica a todos".

La concejal exigió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que aclare cuanto antes "las sospechas". "No estoy haciendo una acusación directa hasta que no se realice una comisión de investigación que dirima las responsabilidades, pero no podemos permitir por más tiempo que la ciudadanía crea que los políticos cometemos irregularidades", dijo, antes de decir que Juan Manuel Casares es "un íntimo amigo" del concejal Pedro Calvo.

El grupo municipal de IU, encabezado por Inés Sabanés, exigió la apertura de una "exhaustiva" investigación en el seno de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para "esclarecer las sospechas" sobre la concesión de la explotación de una zona de parquímetros a la empresa Hixienes. En un comunicado, IU afirmó que no descarta "ninguna posibilidad" en el ámbito de las "responsabilidades políticas", y asoció el caso al "afán privatizador de Gallardón y su equipo".

El comunicado añade que "en el ámbito de la política algo puede ser legal y, sin embargo, ser políticamente reprobable". Y añade: "En este caso, desde luego, las formas son altamente sospechosas. Así valoramos, por ejemplo, no sólo el vínculo de amistad entre el concejal y el empresario, sino el cambio de objeto social pocos días antes de la concesión".