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Reportaje:

Divididos por una cárcel

Los vecinos discrepan sobre los beneficios que la construcción de una prisión reportará a Estremera

Los 1.500 vecinos de Estremera, en la zona este de la región, se hallan divididos en los últimos meses. La construcción de la futura cárcel (la séptima de la región) en su territorio cuenta con opiniones para todos los gustos. Los detractores aseguran que esa instalación penitenciaria sólo traerá problemas para el municipio, mientras que los que la apoyan creen que generará riqueza y más posibilidades para el pueblo.

La ciudad penitenciaria Madrid-7 será levantada a 10 kilómetros del casco urbano de Estremera, sobre una parcela de 36,5 hectáreas. Está diseñada para albergar 1.008 internos, que estarán repartidos en 12 módulos residenciales de 72 celdas y otros cuatro módulos polivalentes con 36 celdas cada uno. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se encargaron de poner ayer la primera piedra en lo que todavía es un enorme solar. "El plazo de construcción es de 24 meses, pero esperamos que esté terminada en 20, ya que la constructora consigue bonificaciones si adelanta los plazos", añadió Gallizo. La inversión global prevista es de 92,2 millones de euros.

Entre las novedades destaca que contará con placas solares, con una estación depuradora de aguas residuales y utilizará energías renovables. Tres salas de videoconferencia permitirán conexiones directas con los juzgados de la capital, lo que evitará el traslado de los presos hasta Madrid.

Las discusiones en el pueblo a causa de la cárcel están a la orden del día. Ayer se hablaba del asunto en la mayoría de los bares. Para María del Carmen Castro, dueña del bar El Chaparral, la nueva cárcel sólo va a traer problemas: "La gente que va a venir a ver a los presos no son familias normales. Nos están metiendo toda la basura que no quiere el resto. Ojalá se la llevaran muy lejos". Castro recuerda que en Estremera también está previsto construir una central térmica para generar electricidad y que en el cercano municipio de Brea de Tajo está previsto un centro de internamiento de menores. "Con todo esto vamos a tener muchos problemas", resume.

De la misma opinión es Jesús López Chacaluga, que piensa que los jóvenes del municipio no van a tener ningún futuro con las nuevas instalaciones. "A mí me da igual porque yo ya estoy jubilado, pero mira cómo no lo llevan a La Moraleja", añade.

Por el contrario, Rafael Papón se muestra a favor. Él es uno de los dueños de tierras que se han beneficiado con la cárcel: recibió unos 60.000 euros por la venta de unas 3,5 hectáreas. "El pueblo va a seguir igual de tranquilo, porque los presos van a estar metidos allí y sólo saldrán cuando cumplan la pena. No pasará nada", añade Papón.

El alcalde de Estremera, José Carlos Villalvilla (PP), está completamente a favor: "Va a aumentar la seguridad del municipio. De hecho, se va a construir una nueva casa cuartel con capacidad para los 100 guardias civiles que vigilarán la cárcel. Creo que una prisión es una demanda de cualquier municipio de España". A eso se une, según el regidor, que unos 35 vecinos de la localidad podrán trabajar en el penal. Los 600 trabajadores restantes son funcionarios y personal de seguridad (incluida la Guardia Civil) que ya vendrán contratados de fuera.

La farmacéutica del pueblo, Elba Tato López, también está a favor: "Estremera contará con más infraestructuras y vendrá mucha más gente a vivir a este municipio. Además, al haber tantos guardias civiles estaremos más seguros".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de marzo de 2006