El pecado original

La convención del PP se clausuró con una oferta de Rajoy al presidente del Gobierno para recuperar el consenso antiterrorista bajo la condición de que el destinatario de la propuesta garantice al líder de la oposición el estricto cumplimiento de dos compromisos alcanzados por socialistas y populares durante la anterior legislatura: la Ley de Partidos, promulgada en 2002, y el Pacto por las Libertades, firmado en 2000. Pero la estridente bronca entre PP y PSOE a cuenta de la lucha contra ETA no podrá apaciguarse mediante la devolución de su vigencia a unos textos teóricamente caídos en desuso por culpa del Gobierno. A falta de un juez imparcial encargado de comprobar la veracidad de las distintas versiones de populares y socialistas sobre los hechos, las discrepancias entre unos y otros acerca de los orígenes de sus disputas durante los últimos meses les condenan a un diálogo de sordos.

El PP da como probada la voluntad gubernamental de inaplicar -por el momento- y derogar -después- la Ley de Partidos; esa dogmática certeza descansa sobre un conjunto de pruebas supuestamente concluyentes: desde las reuniones en locales cerrados (el mitin de Anoeta o el frustrado congreso de Baracaldo) y las manifestaciones callejeras convocadas por los dirigentes de la disuelta Batasuna hasta la presencia en el Parlamento vasco de una formación como EHAK, beneficiaria del voto del nacionalismo radical. Según el PP, ese difuminamiento de la Ley de Partidos representaría un pago a cuenta por el Gobierno del precio político exigido por ETA: la culminación del proceso de desistimiento sería la concurrencia de Batasuna a las municipales de 2007 aunque la banda terrorista no satisfaga los requisitos exigidos por la resolución del congreso del 17 de mayo para acometer un final dialogado de la violencia. Ahora bien, los socialistas no sólo han reiterado su disposición a mantener en vigor la norma promulgada en 2002; también niegan cualquier solidez a los indicios que sirven de presunto soporte a las imputaciones sobre su derogación práctica. Por lo pronto, la autorización de las reuniones y manifestaciones callejeras en el País Vasco corresponde a la Consejería de Interior autonómica; además, las sanciones contra las conductas delictivas producidas durante el desarrollo de esos actos son dictadas por los jueces. Y aunque la Fiscalía del Estado no solicitó en su día la ilegalización de EHAK por falta de pruebas, mantiene en varios sumarios su acción acusatoria contra dirigentes -como Otegui- de la disuelta Batasuna.

El incumplimiento por el PP de los mandatos del Pacto por las Libertades sobre la estrategia ("al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista") y los comportamientos partidistas en el combate contra el terrorismo (populares y socialistas se comprometieron a eliminar esa cuestión "del ámbito de la legítima confrontación política o electoral") devuelve a Rajoy las acusaciones como un bumerán. Por legítimas que sean las dudas sobre la política antiterrorista de Zapatero, el principal partido de la oposición no puede -de acuerdo con el pacto de diciembre de 2000- transformar sus alocadas sospechas en falsas certezas para desestabilizar al Gobierno: la demagógica acusación de que el presidente Zapatero se ha rendido ante ETA y traiciona a las víctimas del terrorismo es una infamia incompatible con los usos democráticos.

La intervención de Zaplana en la convención trasladó la manipulación del terrorismo por el PP desde ETA hasta el 11-M. La insidiosa imputación según la cual el Gobierno impide el conocimiento de "toda la verdad" sobre los trenes de la muerte es absurda: las diligencias judiciales siguen su curso aunque la comisión parlamentaria paralela haya concluido sus trabajos. Esa infundada acusación sólo pretende alentar la calumnia paranoide de que la derrota del PP en las urnas fue el resultado de una oscura conspiración forjada por ETA, los servicios secretos de Marruecos y los cuerpos de seguridad españoles. ¿Qué legitimidad le quedará a la Monarquía parlamentaria si la leal oposición de Su Majestad persiste en atribuir al Gobierno el pecado original de ganar las elecciones con ayuda de los terroristas y la decisión -merecedora también de castigo divino- de boicotear la investigación del atentado de Atocha a fin de impedir el afloramiento de su complicidad criminal?