Raúl Salinas, otra vez en el banquillo

El rastro de corrupción que ha rodeado a familiares del que fuera presidente de México entre 1988 y 1994, Carlos Salinas de Gortari, llegó ayer a París, donde su hermano Raúl Salinas de Gortari está siendo juzgado en ausencia -las autoridades mexicanas no le han permitido salir del país- acusado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Quien sí estaba presente ayer en la sala 11 del Palacio de Justicia era Adriana Lagarde, esposa hasta 1998 del pequeño de los Salinas, Enrique, asesinado el 6 de diciembre de 2004, implicada también en este sumario.

Al igual que había pedido la defensa, la fiscalía francesa, representada por el procurador de la República Victor Román, pidió que se traslade el expediente a México para que se celebre allí el juicio. La justicia suiza tomó recientemente esta misma decisión en el proceso abierto por las mismas razones en Ginebra. Paralelamente, se sigue otro proceso en Estados Unidos. Según el sumario, de más de 9.000 páginas, los acusados participaron en la transferencia, a través de una sucursal de la Societé Générale, de tres millones y medio de dólares a cuentas corrientes en Suiza. Otras fuentes elevan hasta los 105 millones de dólares el montante de dinero, supuestos sobornos de los carteles de la droga colombianos y mexicanos a cambio de haber facilitado el tráfico de cocaína a EE UU.

Raúl Salinas fue condenado a 50 años de cárcel por la justicia mexicana bajo la acusación de haber ordenado el asesinato, en 1994, de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y ex cuñado del presidente. Sin embargo, el proceso, salpicado de irregularidades y testigos falsos, concluyó con su liberación por falta de pruebas en 2005, tras haber pasado 10 años en prisión. Un hijo de Raúl Salinas, el abogado Juan José Salinas, de 28 años, representaba ayer a su padre. "Tenía toda la voluntad de estar aquí", explicó. En su opinión, el proceso que siguen las autoridades francesas tiene muy poca consistencia, al sustentarse sólo en "testimonios anónimos", pero no en pruebas. Según Eric Nogal, abogado defensor, en caso de que el Tribunal Correccional de París acepte trasladar el caso a México, los trámites diplomáticos podrían alargarse más de un año.