Medio Ambiente lanza un plan de choque para informar de 1.702 obras pendientes

La declaración de impacto ambiental ha pasado de ser un simple sello a un trámite esencial en las obras públicas. Desde que el Gobierno aprueba un proyecto -autovía, AVE, aeropuerto- hasta que el Ministerio de Medio Ambiente da su visto bueno pasan 944 días de media, más de dos años y medio, según un informe del ministerio. En los últimos cinco años se ha disparado el número de obras que piden declaración ambiental y esto ha saturado a Medio Ambiente, que acumula 1.702 obras pendientes. El ministerio ha aprobado un plan de choque para agilizar los trámites.

El tapón es considerable. En 2004, el Ministerio de Medio Ambiente recibió 854 proyectos para evaluar su impacto sobre el medio ambiente e imponer las correcciones necesarias para minimizar la afección. Resolvió 364 expedientes, con lo que añadió 490 expedientes al histórico atasco. En 2005 recibió 886 proyectos y resolvió 601. Resultado: 285 nuevos expedientes a la cola y 1.702 proyectos pendientes de declaración.

Entre los expedientes resueltos hay declaraciones de impacto ambiental de carreteras, trenes de alta velocidad, aeropuertos y cualquier gran obra en general. Además, hay aprobaciones de obras que no requieren declaración pero que hay que estudiar (como la modernización de regadíos o la mejora de una carretera) y los proyectos que estaban mal enviados porque no requerían la declaración de impacto.

"El problema es que en los últimos años se ha disparado el número de proyectos que entran, aunque muchos de ellos no necesitan declaración de impacto. Los promotores los mandan para evitar problemas en el futuro", explica una fuente de Medio Ambiente. Según un documento al que ha tenido acceso este diario, en 2000 llegaron 142 proyectos a la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental y esa cifra ascendió a 886 en 2005.

Los 25 técnicos de la dirección general encargados de evaluar los proyectos no podían con tanta carga. El ministerio ha convocado 12 nuevas plazas y con una reorganización ya hay 44 técnicos realizando declaraciones.

Autopista, 1.119 días

Esto no ha evitado que la tramitación de una autopista tarde 1.119 días; un AVE 1.175; una presa 1.302 días y un aeropuerto casi un año. En este tiempo se cuenta el trámite desde que el promotor anuncia la obra y publica un estudio de impacto ambiental. Entonces se abre un periodo de alegaciones para los vecinos, ayuntamientos o cualquiera que se sienta afectado. El impulsor de la obra (Fomento en un AVE, Medio Ambiente en una presa) tiene que contestar a todas las alegaciones y después, con las correcciones, lo envía a Medio Ambiente para que lo evalúe. El ministerio suele requerir nuevos estudios y al final publica en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto ambiental aprobando o denegando la obra e imponiendo condiciones para su construcción.

El informe de Medio Ambiente atribuye la responsabilidad del 73% del tiempo al promotor de la obra. El principal promotor es Fomento (que hace carreteras, autovías, trenes), seguido de Medio Ambiente (obras hidráulicas), Industria y Agricultura. El 27% restante del tiempo sí es atribuible a Medio Ambiente.

"Si el promotor envía un proyecto de un folio y le pedimos aclaraciones que no contesta hasta un año después, no es culpa nuestra", se defiende Medio Ambiente. El ministerio reconoce el problema, pero afirma que se les toma por la piñata a la que todo el mundo golpea para descargar los retrasos de las obras. En 2000, cada técnico realizaba 8,4 expedientes al año. La cifra ascendió a 31,6 expedientes por técnico en 2005.

El ministerio no sólo evalúa las obras públicas, sino también todo tipo de proyectos privados como plantas de generación de electricidad o redes eléctricas.

La declaración de impacto es un motivo tradicional de preocupación y de fricción entre Medio Ambiente, Fomento, las eléctricas e incluso entre distintos departamentos del ministerio de Medio Ambiente.

Medio Ambiente señala que en 2005 se limitó la acumulación y que en los próximos meses, por primera vez en años, comenzará a reducirse el número de expedientes acumulados. El informe de Medio Ambiente acusa al Gobierno del PP de haber dejado una plantilla corta, desmotivada y de realizar declaraciones de impacto "de escasa calidad, lo cual generaba un elevado número de conflictos con las comunidades autónomas y la UE".

Además de contratar a más funcionarios y fomentar el trámite a través de Internet (para lo que ha invertido 80.000 euros), el Gobierno aprobará una reforma para que las eléctricas que presenten proyectos de centrales de gas tengan que presentar un aval.

A la saturada oficina se suma la ley de evaluación de planes y programas, que obliga a estudiar el impacto ambiental de los planes completos, como el Programa AGUA o el de infraestructuras de Transporte.