Los círculos de la violencia

Ante la secuencia de mujeres muertas por sus maridos o parejas en estos inicios del año, los medios de comunicación preguntaron a la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, sobre la eficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre del año 2004. Ella contestó que las leyes no cambian comportamientos de un día para otro.

La explicación era breve pero certera. La ley integral aborda un problema cultural de gran envergadura y calado, denominado "estructural" en cuanto que está enraizado en normas y valores socioculturales. No se trata de patologías o casos aislados, sino que responde a un modelo de socialización diseñado por siglos de historia de desigualdad de las mujeres. Según este modelo, algunos hombres no pueden soportar que la mujer con la que han convivido decida hacer uso de su libertad, no pueden admitir que sea ella quien tome la iniciativa y rompa el vínculo para intentar una nueva etapa en su vida.

La violencia contra las mujeres ha de ser condenada y repudiada socialmente

Cuando las mujeres anuncian su intención de separarse del compañero o reivindican los mismos derechos que su pareja, algunos hombres se niegan a aceptarlo y el maltrato puede acabar en asesinato de la mujer, a veces con el suicidio del propio agresor, decidido a demostrar su superioridad aunque sea lo último de su vida.

En todas las sociedades existen intentos de justificar y ofrecer legitimación para las violencias físicas. Estas justificaciones suelen ser el germen o antecedente de las violencias materiales, y suelen construirse sobre la base de la no admisión y el estigma del otro y de su grupo social.

Para tratar de explicar y comprender las distintas clases de violencia podríamos dibujar, con la imaginación y como enseña la antropóloga Dolores Juliano, tres grandes círculos concéntricos. El primero de ellos sería más amplio y abarcaría la violencia fundada en la no admisión de otros grupos o colectivos sociales distintos o diferenciados. Nos permitiría explicar fenómenos como el racismo, la homofobia o la xenofobia, en los que la violencia se intenta justificar con el argumento de la supremacía de unas determinadas características biológicas o culturales de ciertos colectivos respecto de otros; lo mismo ocurre con la violencia por motivos religiosos, que busca legitimación en mandatos divinos y ajenos a este mundo.

Dentro de este primer círculo, trazaremos otro para referirnos a la violencia contra las mujeres. Se encuentra dentro o en el interior del primero, porque es una violencia que también se explica en función de los roles o estereotipos; en cuanto que la cultura y la religión, tradicionalmente, ha reservado papeles de superioridad al hombre y de sumisión a las mujeres. Permitiría explicar los infanticidios de niñas en ciertas sociedades, la ablación del clítoris, la trata de blancas y prostituciones forzadas, feminicios como los de Ciudad Juárez, las violaciones sistemáticas de mujeres en tiempo de guerra y demás violencias que se ejercen sobre las mujeres por el simple hecho de su biología.

Existe un tercer círculo de violencia y es el que abarcaría la violencia que sufren las mujeres dentro de los hogares por sus maridos o parejas. También se intentan justificar por motivos variados, como los celos, el alcohol, la droga, cuando en realidad suele ser respuesta al apartamiento o rebeldía de la mujer al papel que de ella se esperaba, que es tanto como el negarle la capacidad de elección de su papel en la sociedad. En España, las muertes de mujeres que tenían vínculo matrimonial o relación sentimental asimilable en el momento de los hechos representaba el 53% del total de muertes en el ámbito familiar en el año 2004, según informe del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.

Para atajar este tercer círculo de la violencia, la Ley Integral contra la Violencia de Género estableció un conjunto de medidas; y si bien las más conocidas son las relativas al agravamiento de las penas para los autores o la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, las más importantes y decisivas serán sin duda las medidas dirigidas a la educación y formación en igualdad entre hombres y mujeres.

En el tratamiento judicial del problema se han constatado notables mejoras, como el aumento de la asistencia letrada a las víctimas o mayor rapidez en la respuesta judicial a las peticiones de protección. Pero no podemos olvidar que estas actuaciones sólo son posibles si las instituciones tienen noticia de la existencia de violencia. Noticia que no existía en el 73,8% de las muertes en el ámbito familiar del año 2004.

Por ello, resulta indispensable continuar con las medidas de información para las víctimas, e impulsar nuevas medidas educativas, orientadas a eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos; tal y como obliga la Ley Integral contra la Violencia de Género, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La sociedad necesita proyectos educativos dirigidos a modificar los estereotipos o comportamientos que tradicionalmente se han utilizado para justificar o legitimar las violencias contra las mujeres. El recorrido es largo, pero la meta merece la pena si conseguimos hacer realidad los derechos de las mujeres dentro de lo que se conoce como el hogar.

Hoy por hoy, a pesar de estas nuevas muertes sobrecogedoras, debemos resaltar el hecho importante de que las sociedades sensibilizadas con este problema y empeñadas en su eliminación, como la española, han asumido que la causa fundamental se halla en el factor cultural y educacional, y sobre éste se ha de actuar para modificarlo. No cabe invocar costumbres ni tradiciones. La violencia contra las mujeres en sus hogares o por sus parejas ha de ser condenada y repudiada socialmente, al tiempo que prevenida con una educación y formación igualitaria.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, y experta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.