"Las bombas de ETA ponen en solfa el mensaje de optimismo de Zapatero"

El magistrado del Tribunal Superior del País Vasco Antonio García (Oviedo, 1961) es el nuevo portavoz nacional de la APM, conservadora y mayoritaria, tras su congreso de diciembre.

Pregunta. Su asociación ha censurado la reforma del Gobierno en materia de justicia.

Respuesta. La implantación de los consejos autonómicos [de Justicia] es una decisión innecesaria, preocupante y perturbadora y sólo va producir la fragmentación del gobierno de los jueces. Además, van a estar influenciados por las estructuras políticas, al ser designados en parte por los parlamentos autonómicos, justo lo que debería evitar un poder del Estado como la Justicia, que se debe caracterizar por su independencia.

"El 'caso Parot' era una cuestión de justicia para cualquier persona digna. No tenía un pronóstico de reinserción basado en el respeto a la democracia "

"Claro que las víctimas han sido utilizadas por todos, y lo que necesitan realmente es el reconocimiento político; sólo el social no vale"

P. ¿No hay politización en el actual CGPJ?

R. Es que en la APM nunca hemos dicho que en el Consejo no se pueda hacer política. Hay que hacer política judicial

P. ¿Y sólo se hace política judicial?

R. Mayormente, sí, aunque no niego que en este Consejo, en el anterior y en los que vengan se vaya a hacer otro tipo de política por las inclinaciones de cada uno de sus vocales. La APM ya dijo en 1985, cuando se cambió el sistema de elección de sus miembros, que el riesgo de politización estaba servido.

P. Ha habido actuaciones en las que se ha retorcido el reglamento del Consejo, como en el estudio no solicitado sobre el Estatut.

R. No creo que se retorciese el reglamento en ese caso. El reglamento permite a la Comisión de Estudios del Consejo hacer cuantos estudios considere pertinentes en relación con materia relacionadas con la actividad judicial. ¿Acaso el Estatuto de Cataluña no contenía un título específico sobre el poder judicial? La grave irresponsabilidad y dejación es que el Consejo no hubiera realizado ese estudio, que no dictamen ni informe como interesadamente se ha dicho. De intencionalidad política, nada.

P. ¿Y qué opina sobre la justicia de proximidad?

R. Que no garantiza la recluta de las personas jurídicamente más preparadas. El mejor sistema sigue siendo el de la oposición libre. Ahora, el mérito que más peso va a tener es el conocimiento de la lengua y el derecho propio de la comunidad autónoma, lo cual es disparatado. Los delitos que perseguirá esa justicia son los que se producen en las grandes ciudades, justo donde, por ejemplo en Euskadi, menos euskera se habla. Y la relación que van a tener sus competencias con el derecho propio es nula.

P. ¿Cree que es una cesión del Gobierno al nacionalismo?

R. Es un sistema para reclutar a jueces del país. ¿Qué posibilidades va a tener de ser juez de proximidad en Bilbao un señor de Almería o Córdoba? Ninguno. En cambio, el de Bilbao sí podrá competir en régimen de igualdad con el resto de zonas de España.

P. El PSOE argumenta que su reforma busca adecuar la Justicia al modelo autonómico.

R. Esa adaptación la defiende quien tiene una legítima aspiración, pero no los que razonamos con la ley. De la Constitución se deduce justo lo contrario. El Poder Judicial no está regulado en el Título Octavo, sino aparte. Todo el mundo aceptó en la ponencia constitucional que las autonomías no podían aspirar a un poder judicial propio. Es la enmienda verbal de Miquel Roca la que posibilita la creación de los tribunales superiores de Justicia. Pero la Constitución consagra el principio de unidad jurisdiccional y el componente preponderante del Tribunal Supremo.

P. Pero en el Estatut el conocimiento del catalán se considera un mérito, no un requisito.

R. Eso tiene su trampa, porque ya sabemos que el artículo 102 del Estatuto de Cataluña dice que los jueces y fiscales deberán acreditar el conocimiento de la lengua para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Es un deber jurídico. Es disparatado, algo que vulnera la Constitución, porque, cómo puede una Cámara autonómica regular algo que está reservado para la Ley Orgánica del Poder Judicial. Salvo que el objetivo sea impedir que, si se produce la alternancia política en España, se pueda deslegislar todo esto.

P. La Justicia sigue en la diana de ETA con estos últimos atentados. ¿Qué busca ETA?

R. Los hechos de ETA son tozudos: ponen en solfa las alharacas y las proclamas de algunos. Las bombas niegan el mensaje de optimismo del Gobierno. ETA ha hecho del Poder Judicial uno de sus objetivos principales. Pretende amedrentarnos, que no actuemos con independencia. O, directamente, que crucemos la muga. Nos ven como el enemigo.

P. ¿Participa del optimismo del presidente Zapatero?

R. No disponemos de las informaciones que pueda tener. Compartimos con él la esperanza y queremos tener fe en que esta situación se superará y podamos hacer entonces las cosas con libertad absoluta. El sabrá por qué dice lo que dice.

P. El magistrado del Supremo Joaquín Giménez subrayaba hace años que, a más terrorismo, menos excepcionalidad y más democracia. ¿Cómo se relaciona esto con la decisión del Supremo sobre Unai Parot?

R. ¿Pero alguien dice que la resolución del Supremo en el caso Parot no ha sido una decisión estrictamente basada en el principio de legalidad?

P. Lo que dicen es que el cambio de criterio se debe a la presión política y mediática.

R. No es verdad que se haya hecho una aplicación retroactiva desfavorable de una ley. Han aplicado el Código de 1973.

P. Los tres votos discrepantes, uno de ellos precisamente el de Giménez, dicen que se ha "reescrito" ese Código Penal.

R. Es la opinión de tres juristas frente a la de once. El caso Parot era para cualquier ciudadano digno una cuestión de pura justicia. No es razonable que una persona condenada a más de 4.000 años salga a la calle en menos de 20 sin la más mínima muestra de arrepentimiento y sin que exista un pronóstico de reinserción a la vida en libertad basado en el respeto a la ley y a la democracia. Y Parot no había cumplido ni lo uno ni lo otro. El criminal más horrible, una vez que se acredita que está reinsertado, aunque no haya cumplido ni cinco años, tiene derecho a la reinserción.

P. ¿El Supremo dice en su nueva doctrina que los principios humanitarios deben estar reservados para las víctimas?

R. Cuando habla del principio de humanización, lo que da a entender es que las víctimas son tan grandiosas que ese principio les conduciría a saber perdonar al arrepentido. Lo que no se puede pretender es que den un perdón gratuito a quien no lo demuestra. Es una doctrina certerísima. Las víctimas merecen un reconocimiento político, el social sólo no basta.

P. ¿Tal vez el mejor reconocimiento sea no utilizarlas?

R. Es que no debían ser utilizadas, pero por nadie. Pero hay momentos, no lo voy a negar, en que se ha producido una instrumentalización desde todos los sectores.