El juez envía a prisión al asesor de la edil canaria acusada de corrupción

El juez de instrucción número 3 de Telde, Javier García, envió ayer a prisión al asesor de María Antonia Torres, la concejal de Obras del PP en la ciudad grancanaria, que se encuentra encarcelada desde el viernes por cohecho, malversación y tráfico de influencias. Francisco Gordillo y la edil participaron en el cobro de comisiones a empresas a las que se adjudicaban obras o se les compraba material para el Ayuntamiento.

Gordillo Suárez citó en sus declaraciones ante el juez y el fiscal anticorrupción de Canarias, Luis del Río, a al menos tres empresas -el grupo Cobra, la Ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, y Mazzoti- por su supuesta implicación en el pago de comisiones al ayuntamiento, según explicó el abogado José Mario López, que se encarga de la defensa de cuatro de los imputados.

Según ha trascendido de la investigación, que se apoya en escuchas telefónicas y vídeos, una constructora pagó a María Antonia Torres una comisión de 180.000 euros a cambio de una adjudicación, mientras que la concejala tenía pactado con la empresa Cobra una comisión del 8% por cada obra municipal que le correspondiera. Fuentes de la investigación han confirmado que el asesor ahora encarcelado era la persona que se encargaba de los cobros. El hijo de éste, Juan Francisco Gordillo Chamorro, empleado de la empresa Cobra, quedó ayer en libertad sin fianza, aunque con el cargo de cohecho, tras declarar ante el juez.

De esta manera, de los seis detenidos inicialmente en la Operación Faycán, María Antonia Torres y Francisco Gordillo están en prisión; Enrique Orts, interventor municipal y marido de Torres, y el empresario Antonio Nadal, director del grupo Cobra en Canarias, se encuentran en libertad tras pagar fianza de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente; y Felipe Ojeda, propietario de la ferretería citada, y el hijo de Gordillo quedaron en libertad sin fianza, aunque con cargos.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones y registros que tengan como protagonistas a empresarios de la construcción e, incluso, a otros concejales de la Corporación teldense, aseguraron fuentes próximas al caso.

La trama de Telde, el segundo municipio grancanario en población, con 100.000 habitantes, supone un serio revés para el PP en Canarias, que ve cómo, en apenas un mes, dos de sus miembros destacados ingresan en prisión. Primero se destapó el llamado caso eólico, una trama de información privilegiada para la adjudicación de potencia en un concurso para la instalación de aerogeneradores, cuyas investigaciones continúan abiertas, y llevó al ex director general de Industria del Gobierno canario, Celso Perdomo, a la cárcel acusado de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de información privilegiada y tráfico de influencias.