El Gobierno encarga nuevas auditorías de las tres cámaras de la Propiedad

El Gobierno ha encargado nuevas auditorías de las tres cámaras de la Propiedad Urbana, correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005, para conocer la situación real de las instituciones tras la entrada en vigor del decreto que las liquida como corporaciones de derecho público. El Ejecutivo quiere comprobar si, sobre todo las entidades de Vizcaya y de Guipúzcoa, siguieron aplicando esos años los mismos criterios de gestión que les llevaron a perder entre 1999 y 2002 más de dos millones de euros, el 11,3% de los 17,6 millones de patrimonio que acumulaban.

Además, el Gobierno ha tomado el control de todas las cuentas corrientes y de ahorro, y de todos los depósitos de las tres instituciones. Apenas una semana después de su intervención (el 22 de febrero, al día siguiente de la entrada en vigor del decreto), el Ejecutivo considera que ya tiene el control de las entidades y ha evitado que se produzcan trasvases económicos hacia las nuevas asociaciones que están promoviendo los anteriores gestores.

Destituidos ya los presidentes y desmanteladas las juntas de gobierno, el Ejecutivo tiene que acometer ahora la liquidación del patrimonio y la integración del personal en el sector público.

La mayoría del personal de la cámara de San Sebastián, 17 trabajadores, ya ha aceptado la integración y espera que se cumplan los plazos. El personal de la de Vizcaya todavía no ha comunicado cuál es su intención. En caso de no entrar a formar parte del personal de la Administración, tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 pagas.

Secretarios generales

Sin embargo, los secretarios generales de las de Vizcaya y de Guipúzcoa estudian presentar una reclamación judicial ante lo que consideran una situación injusta. Extinguidos ya los cuerpos nacionales a los que pertenecían, tampoco encuentran amparo en el decreto del Gobierno vasco, con lo cual no tienen derecho ni a reubicación laboral en el sector público ni a compensaciones económicas de ningún tipo.

Sus salarios eran los más altos. El de Guipúzcoa cobraba el 18% de todos los gastos anuales de personal; en concreto, 91.714 euros del total de 491.188 euros que sumaban las nóminas del resto de los 17 trabajadores. El de Vizcaya cobró en 2003 un total de 119.957 euros, el 12% de todos los gastos de personal de los 26 trabajadores de esa cámara, que sumaron 960.684 euros.

Con las nuevas auditorías en la mano, los interventores comenzarán la liquidación del patrimonio. Ahora tienen que dilucidar qué parte del mismo fue conseguido en los años en que las cuotas eran obligatorias, entre 1927 y 1989. Entonces todos los propietarios estaban obligados a pagar a la cámara provincial. La parte obtenida en el periodo de cuota voluntaria será devuelta a las nuevas asociaciones.

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