El Gobierno replica al Supremo que la reforma amplía sus competencias

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno no reduce, sino que amplía las competencias penales del Tribunal Supremo. Es la respuesta del Gobierno al escrito que la Sala Penal del alto tribunal envió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que asegura que, con la nueva ley, dejaría de juzgar 198 de los 333 delitos que contiene el Código Penal. Justicia asegura que con la modificación la Sala resolverá sobre sentencias con penas superiores a tres años de cárcel y no sólo sobre las que superen los cinco años, como hace ahora.

El escrito de la Sala Segunda (de lo Penal) advierte sobre la "importante insuficiencia" de delitos sobre los que se pronunciaría el Tribunal Supremo con la reforma prevista por el Gobierno, y se queja de que el proyecto de ley "restringe el ámbito de la casación de manera excesiva" al negar la posibilidad de recurrir ante el alto tribunal contra aquellas sentencias de las Audiencias Provinciales que establezcan penas inferiores a los tres años de prisión.

Sumando las infracciones castigadas con penas superiores a tres años y las que prevén condenas superiores o inferiores a ese límite, los magistrados concluyen que la posibilidad de que el Supremo se pronuncie se reduce a algo más de un tercio de los delitos que contiene el Código Penal (135 de un total de 333). Por ello, solicitan que la facultad de recurrir no dependa del tribunal sentenciador, sino de la pena efectiva con la que el Código castigue el delito juzgado, y piden que la Fiscalía pueda interponer recurso de casación ante cualquier infracción penal con independencia de su pena, con el fin de que la jurisprudencia del alto tribunal abarque "todos los tipos delictivos del ordenamiento".

Sin embargo, según el Gobierno, ese límite de tres años no reduce, sino que aumenta las competencias del Supremo en el orden penal. La regulación actual de la casación sólo permite recurrir ante ese órgano las sentencias de las Audiencias dictadas en primera instancia por delitos graves, es decir, los castigados con más de cinco años de cárcel. La unificación de doctrina (la función fundamental de la casación) casi nunca alcanza los delitos inferiores a ese límite, según el Ministerio de Justicia.

El PP redujo los delitos

"Fue el Gobierno del PP el que con el acuerdo del CGPJ elevó en 2003 la cuantía de los delitos graves a partir de cinco años, con lo que restringió considerablemente el número de delitos que llegaban en casación al Tribunal Supremo", explica una fuente de ese ministerio. Las infracciones inferiores a esa duración corresponden a los juzgados de lo Penal y contra sus sentencias sólo cabe recurso ante la Audiencia Provincial, pero no la casación ante el Supremo. "Lo que establece la reforma es un margen superior de delitos y penas para la unificación de doctrina al que se viene aplicando hasta ahora, por lo que las competencias del Tribunal Supremo aumentan y no disminuyen", señala Justicia.

El Supremo tendrá así la posibilidad de pronunciarse respecto a todos los delitos que contiene el Código Penal, según el Gobierno, ya que los castigados con penas inferiores a los tres años podrán recurrirse en casación si, juzgados junto a otros, conllevan condenas superiores a esa duración, explican desde el ministerio.

El ministro, Juan Fernando López Aguilar, asegura que no existe ningún conflicto entre el Gobierno y la Sala de lo Penal, y que sus recomendaciones siempre se tienen en cuenta. "El recorrido parlamentario de la reforma, que además de modificar la casación restando trabajo a la Sala garantiza la segunda instancia en el orden penal, se prolongará más allá del actual periodo de sesiones, con lo que ya habrá tiempo de tomar en consideración esas sugerencias", afirma López Aguilar, que añade que la actitud del Ejecutivo respecto al escrito "es receptiva", ya que tiene "elementos aprovechables".

"El fin de la reforma en lo relativo al proceso penal es compartido por todos. También por el Tribunal Supremo y el CGPJ, que se han quejado un millón de veces de la congestión del tribunal", concluye el ministro.