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Ninguna de las 100 pulseras contra maltratadores ha sido aún utilizada

Reticencias judiciales retrasan el uso del mecanismo electrónico

La Comunidad de Madrid no ha logrado, un año y medio después de su presentación, que ningún juez haya decretado el uso de alguno de los 100 brazalates contra maltratadores de los que dispone. La reticencias de jueces y, sobre todo fiscales, por cuestiones técnicas sobre el uso de la pulsera están en el origen de esta situación, que ahora se intentará paliar con la puesta en marcha de dos programas pilotos en Móstoles y Madrid.

La pulsera contra maltratadores es un dispositivo electrónico compuesto por tres elementos: dos emisores y un brazalete. El maltratador deberá llevar siempre consigo la pulsera, sujeta a su muñeca, y un emisor, un aparato de tamaño algo mayor a un teléfono móvil que informa a la policía de su situación. La mujer deberá llevar el segundo emisor.

El sistema contra los maltratadores sirve para garantizar que el agresor cumpla la orden judicial de permanecer alejado (normalmente a 500 metros) de la víctima. La alarma salta cuando los dos emisores están a una distancia inferior a la decretada por el juez, momento en el que una señal acústica alerta a la víctima para que pueda esconderse y otra señal avisa a la policía. El agresor, al que la pulsera le ha sido implantada como una medida alternativa a la cárcel, se enfrentaría entonces a las consecuencias del quebrantamiento de condena.

Problemas técnicos

El principal problema técnico, sin embargo, ha surgido porque el mecanismo también se activa, y la policía es alertada, si el hombre, por olvido o intencionadamente, se aleja a más de siete metros de su emisor. "Puede ocurrir que el hombre se olvide el emisor en el baño y vaya a la cocina, o por cualquier otra razón", explican fuentes judiciales. Estas mismas fuentes aclaran que, además de los inconvenientes de la movilización de agentes policiales, el hombre podría verse entonces perjudicado o bajo sospecha sin haber cometido ninguna infracción.

Esta razón, y otras de orden práctico, es la que está retrasando la extensión de un sistema que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, presentó en octubre de 2004 como la gran apuesta del Gobierno regional contra la violencia doméstica.

De hecho, Madrid fue la primera comunidad autónoma que promovió el mecanismo: encargó su desarrollo al Instituto de Magnetismo Aplicado Salvador Velayos (dependiente de la Universidad Complutense), financió la mitad de los 75.000 euros que costó su desarrollo (la otra mitad fue costeada por el Colegio de Farmacéuticos) y ha adquirido 100 brazaletes por un coste total de casi 60.000 euros.

"Nosotros hemos cumplido. Hemos creado un dispositivo desde cero, pero no pudimos reducir más el tamaño de los emisores", explicó hace ahora un año un portavoz del Instituto de Magnetismo Aplicado Salvador Velayos. Y añadió: "Quizás se necesiten dos años para rebajar la dimensión, si es que se consigue".

En este año y medio, el Gobierno regional ha hecho múltiples gestiones ante el poder judicial para lograr que su mecanismo entre en funcionamiento. La última fue la reunión celebrada la semana pasada entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Javier Casas; el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol; el fiscal jefe del Tribunal Superior (Manuel Moix) y la directora general de Justicia del Gobierno regional, María José Pérez-Cejuela.

Ninguno de ellos ha hecho declaraciones públicas, pero fuentes judiciales y del Gobierno regional han explicado que "se sigue trabajando para que el mecanismo puedo ser utilizado".

Una de estas fuentes añade que "parte del problema es que Aguirre quiso presentar el brazalete como un gran avance contra la violencia doméstica cuando aún quedaban muchas cuestiones técnicas y jurídicas por resolver".

Fruto de estas reuniones son los dos programas pilotos que en los próximos meses se pondrán en marcha en las localidades de Móstoles y Madrid. Ramón Badiola, juez decano de Móstoles, mostró su confianza en "que un mecanismo que es muy beneficioso para luchar contra la violencia doméstica pueda empezar a ser utilizado lo más pronto posible".

Obstáculos en el camino

La implantación del brazalete contra maltratadores está encontrando en su camino muchos más obstáculos de los previstos desde que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunciara hace dos años su creación. Las primeras pruebas del mecanismo no funcionaron bien, lo que retrasó su presentación oficial hasta octubre de 2004.

Entonces surgieron discrepancias entre los jueces sobre su aplicación cautelar. Mientras, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura defendió, al igual que Aguirre, que el uso de la pulsera podía ser decretado por un juez de instrucción durante el transcurso del proceso judicial, la progresista Jueces por la Democracia sostuvo que esto era imposible hasta que hubiera sentencia condenatoria contra el maltratador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de febrero de 2006

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