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La reordenación del sector energético

Bruselas advierte a Madrid de que no puede aplicar las nuevas medidas sin su aprobación

El Gobierno español irá al Tribunal de Luxemburgo si la Comisión declara ilegales las medidas

"Las fusiones de dimensión europea son competencia exclusiva de la Comisión Europea, del mismo modo que las de dimensión nacional son de responsabilidad nacional, como fue el caso de la OPA de Gas natural sobre Endesa", subrayó ayer Bruselas en respuesta a los planes del Gobierno español de intervenir en la adquisición de Endesa por E.ON modificando la reglamentación. "El Gobierno español no puede aplicar las nuevas medidas sin haber recibido antes la aprobación de la Comisión, que debe certificar que son compatibles con el derecho comunitario. Si hay actos incompatibles con la ley de fusiones, la comisaria de Competencia actuará".

Por su parte, el Gobierno español afirmó ayer que si la Comisión Europea declara ilegal el real decreto ley aprobado referente a adquisiciones de empresas del sector energético, tendrá que ir al Tribunal de Luxemburgo para iniciar un proceso judicial que determine su validez, informa Europa Press.

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El Ejecutivo comunitario respondió desde por la mañana con claridad meridiana a la anunciada estrategia del Gobierno español en defensa de los intereses estratégicos del sector energético. Los portavoces de Bruselas señalaron que no tenían informaciones oficiales y que sólo sabían lo que relataba la prensa. "Hay que ver lo que hace el Gobierno", comentó Jonathan Todd, el portavoz de la comisaria Neelie Kroes, responsable de Competencia.

Todd puso un ejemplo: "Portugal intentó en 1999 impedir que un banco español se hiciera con el grupo Champalimaud y la Comisión intervino contra el Gobierno portugués".

Reciprocidad

La reciprocidad es una tentación vieja y ya dio lugar a un intenso debate en la Comisión en 2001, cuando el Ejecutivo comunitario confirmó la doctrina de que un Estado no puede aplicar de forma unilateral medidas de represalia. "Se entraría en un camino que supondría el fin del mercado interior, que está basado en el multilateralismo: todo el mundo debe eliminar barreras. Es el principio del Tratado de Roma", señaló Todd.

"Si un Estado miembro tiene la impresión de que otro Estado miembro está poniendo trabas a la competencia o al mercado interior no compatibles con el derecho comunitario debe acudir a la Comisión Europea. No puede tomarse la justicia por su mano", insistió Johannes Laitenberger, portavoz del presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. "Otra cosa es si la situación es compatible con la legislación y el Estado miembro considera que se debe ser más abierto. No hay base jurídica para exigir esa reciprocidad".

La comisaria Kroes se propone modificar la vigente reglamentación sobre fusiones en Europa para dar más voz a la Comisión, incluso en operaciones de dimensión nacional, y en alguna ocasión se ha referido explícitamente a la unión de E.ON y Ruhrgas, que en su día fue aprobada por Berlín. La semana pasada, Kroes reveló que tenía dudas sobre la compatibilidad de algunas medidas que se aplican en el sector energético con la legislación comunitaria, y anunció que sus servicios iban a lanzar con carácter inmediato investigaciones sobre la situación en diversos mercados europeos, respuesta que los expertos vincularon en el acto con E.ON, la protección de que se beneficia y su potencial abuso de posición dominante.

Todd volvió a recordar ayer el asunto sin querer identificar las compañías que van ser objeto de la atención de la comisaria.

Por su parte, el secretario de Estado de la Energía, Antonio Fernández comentó ayer en un encuentro con periodistas que "el Gobierno no tiene ningún motivo para pensar que la Comisión Europea diga que esta legislación no es acorde con la legislación comunitaria", informa Europa Press.

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