Debe una explicación

La aparición en un armario del departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña de 175 sondeos de opinión e informes políticos realizados o encargados en secreto por los sucesivos Gobiernos de Jordi Pujol entre 1982 y 2003 ha levantado una justificada polvareda política, pese al sorprendente silencio de los medios locales nacionalistas. Más grave: otra treintena de sondeos e informes se elaboró con criterios estrictamente partidistas, para averiguar las expectativas electorales de CiU, calibrar las de sus distintos candidatos y establecer los puntos flacos de sus rivales. Y, por supuesto, sin informar a la Cámara, contraviniendo la norma que obligaba a ello desde 1998.

Todos los Gobiernos encargan encuestas. El problema surge cuando, como en este caso, lo hacen de forma opaca, sin dar cuentas al Parlamento y sufragadas, incluso las realizadas con objetivos partidistas, con cargo a fondos de la Generalitat, no de la coalición. Independientemente de las eventuales derivaciones judiciales del caso, CiU está obligada a ofrecer explicaciones.

Pero todavía es de mayor gravedad la aparición entre esos papeles de un llamado "informe" sobre los medios de comunicación públicos en los que se clasifica a presentadores y periodistas de TV-3 y Catalunya Ràdio según sus supuestas orientaciones políticas. De algunos de ellos se destacan sus presuntas "tendencias antinacionalistas, y sobre todo anticonvergentes y antipujolistas", o se les califica, en lenguaje de tufo inquisitorial y totalitario, de "quintacolumnistas, colaboracionistas y traidores". Hay que recordar que también el tripartito ha sido responsable de prácticas de parecido calibre, como fue el caso de un informe que acabó con la carrera del secretario de Comunicación, Miquel Sellarés.

El asunto es lo suficientemente grave como para pretender ocultarlo detrás del debate sobre la oportunidad del hallazgo. Efectivamente, es posible que alguien haya tenido interés en que se conozca ahora, pero ello no exime de responsabilidad a quienes ordenaron esas encuestas e informes, reveladores del lado más oscuramente autoritario de los mandatos pujolistas, contrarrestando los obvios elementos positivos de su balance. Y que amenaza, de no mediar una respuesta contundente, con arruinar la recuperación de una moderación creíble emprendida por el heredero de Pujol y actual líder de la federación, Artur Mas, en la tramitación de la reforma estatutaria.