El Ejecutivo de Murcia respalda a una constructora contra el Gobierno

La Región de Murcia, gobernada por el PP, se ha alineado con la constructora de un puerto deportivo contra el recurso que el Medio Ambiente ha interpuesto en los tribunales. La comunidad se ha sumado a las alegaciones de la empresa, que pide al tribunal que no admita el recurso. Sin embargo, dos informes previos de los servicios jurídicos de la comunidad afirman que la obra es ilegal. La empresa asegura que la paralización es una maniobra política.

El puerto tiene una concesión de 1975 que le permitía construir un millón de metros cuadrados (el 40% ganados al mar), según el recurso del ministerio. La obra se fue retrasando y obtuvo el permiso autonómico en 1988, que fue revocado meses después. En 1996, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictaminó que la comunidad había cometido un defecto de forma al anular la obra. En octubre de 2003, el Gobierno de Murcia, ya del PP, levantó la suspensión de las obras. En 2004, el ministerio recurrió y obtuvo la suspensión cautelar de las obras, que ha sido prorrogada, según fuentes jurídicas.

Contra ese recurso, la empresa presentó unas alegaciones previas en las que pide al Tribunal Superior de Murcia que no admita el recurso. La empresa argumenta que el ministerio no está legitimado, que la concesión no es susceptible de ser impugnada, que ya hay sentencia sobre el puerto y que el recurso llegó fuera de plazo. En un escrito de un folio fechado el 30 de enero, la comunidad "se adhiere a las alegaciones previas formuladas [...] por Puertomayor, SA, dando por reproducido su contenido para evitar innecesarias repeticiones", como confirma un portavoz autonómico. Además, ha presentado sus propias alegaciones.

El director jurídico de Puerto Mayor, Javier Barrilero, defendió la legalidad de la obra. "El ministerio ha cometido una estafa procesal para conseguir la paralización de las obras". El abogado justificó la paralización del puerto en "una pelea política entre el Gobierno y Murcia por ser de signos políticos distintos", afirmó que la concesión de 1975 sigue siendo válida y declaró que los informes contrarios no tienen validez jurídica.