El PSOE se niega a aceptar el traspaso completo de aeropuertos a la Generalitat

La batalla por el control de los grandes puertos y aeropuertos de Cataluña lleva camino de llegar hasta el último día de debate parlamentario, en comisión y en pleno, del Estatuto de Cataluña. El PSOE se niega a ceder a la Generalitat la gestión del aeropuerto de Barcelona y los puertos de Tarragona y Barcelona. El principio de acuerdo alcanzado sobre esta cuestión hace un mes ha chocado contra la oposición del Ministerio de Fomento. Pero sí hubo acuerdo entre el PSOE, CiU e ICV en uno de los objetivos principales de la reforma estatutaria: el blindaje de las competencias de la Generalitat.

Los grupos políticos no terminarán hasta hoy el debate en ponencia del Título IV sobre las competencias que corresponden a la Generalitat y al Estado. Las partes conflictivas se abordarán hoy, aunque no parece que sea salvable el choque de intereses en torno a la gestión de los puertos y aeropuertos. Tanto el ponente de ERC Joan Ridao como el presidente de CiU, Artur Mas, así como el portavoz de Izquierda Verde-Iniciativa Verds Joan Herrera, han dejado claro que el cambio del PSOE, en relación a lo preacordado hace un mes sobre puertos y aeropuertos, hace imposible el acuerdo.

Joan Herrera, de ICV, resaltó "la actitud negativa del Gobierno" respecto a posiciones anteriores en este punto. "¿Por qué?", se preguntó. "Esperamos que el PSOE esté guardándose alguna carta para la negociación de última hora y cumpla lo que dijo", confió Herrera.

Esto coincide con lo que indican fuentes socialistas, según las cuales se podría reconsiderar la posición en este punto si, finalmente, ERC da su acuerdo global al Estatuto. La oferta del PSOE en este momento es, según explicó el dirigente socialista Diego López Garrido, que la Generalitat podría tener mayoría en los consorcios para los puertos de Barcelona y Tarragona, pero el Estado se reservaría la mayoría en el consorcio para la gestión del aeropuerto de El Prat.

25 años de conflictos

Ayer resultó un día trascendente para los ponentes de PSOE, CiU, ICV, y también para el PP, pero en sentido opuesto, según resaltaron todos ellos. Se trató de definir y delimitar "el reparto de poder tras 25 años de conflictos", explicó el ponente de CiU Francesc Homs. Esto es lo que se hace con el blindaje de las competencias de la Generalitat, mediante su definición como exclusivas, compartidas y de ejecución, fijando el contenido concreto de todas y cada una de ellas. Se refería a los artículos 110, 111, 112, 113 y 114, que constituyen "su libro de instrucciones".

Para el PP, esto supone efectivamente "la expulsión de la Administración del Estado" de Cataluña, señalaron Federico Trillo y Soraya Saénz de Santamaría. Una expulsión basada, además, en el principio de "desconfianza" respecto al Estado. Tanto Homs como Herrera y Ridao replicaron a Trillo que, ciertamente, la experiencia de 25 años de "invasión" de las competencias de la Generalitat por el Estado ha desembocado en una "gran conflictividad" y una "gran desconfianza".

ERC, no obstante, consideró que el PSOE ha suprimido algunos elementos, como la expresión "en todo caso", en la fijación de los contenidos mínimos de algunas competencias, que reduce la eficacia del blindaje.

Esto sirvió para que López Garrido mostrara cierta perplejidad por la actitud del grupo republicano. "Es un gran día para el autogobierno de Cataluña, se profundiza en las competencias, y se avanza en el autogobierno". En paralelo, dijo López Garrido, "se clarifica el Estatuto para que haya la menor conflictividad posible entre el Estado central y la Generalitat, al tiempo que las competencias exclusivas del Estado también quedan muy claras". No habrá acuerdo hoy, con lo que quedará para la fase de comisión, sobre las selecciones deportivas, dado que los socialistas remiten su regulación a "la normativa estatal" y a la Carta Olímpica. Tampoco sobre la gestión de Paradores Nacionales de Turismo, toda vez que el Gobierno sostiene que el ente público que lo gestiona debe seguir en manos del Estado.