Grupos cristianos creen que la ordenanza de Barcelona castiga a los marginados

Una veintena de entidades cristianas, entre ellas el Colectivo de Mujeres en la Iglesia, la Arrels Fundació y la Parroquia Santa Maria del Pi, han firmado un manifiesto en el que denuncian el carácter "represivo y excluyente" de la nueva ordenanza municipal para fomentar la convivencia ciudadana que entró en vigor el pasado 25 de enero en la ciudad de Barcelona. Las entidades, intregrantes del ala más progresista de la Iglesia, reprochan la "falta de sensibilidad" de la nueva normativa hacia los "sufrimientos y preocupaciones" de los colectivos más vulnerables (mendigos, personas sin techo, prostitutas y niños), para los que, según los firmantes del manifiesto, deben buscarse medidas alternativas a la represión, "humanitarias e incluyentes".

"Pedimos que la sociedad y sus dirigentes busquen las causas que han llevado a un notable aumento de estos colectivos precarios que están abocados, por su pobreza y exclusión, a estas situaciones y actividades que se persiguen", señalan los firmantes del manifiesto, quienes reivindican medidas "que respeten los derechos humanos de las personas afectadas".

En alusión a las prostitutas, los grupos cristianos lamentan que las medidas represivas "se están aplicando sobre todo a las mujeres que muchas veces no tienen otra salida, y no sobre las mafias que abusan de ellas y les obligan a pagar grandes deudas".

Ramon Noró, responsable de Comunicación de la Arrels Fundació, dedicada a la inserción y apoyo de personas sin techo, expresó ayer su temor a que la nueva ordenanza castigue más a este colectivo por conductas como beber u orinar en la calle que "a los incívicos que no tienen detrás una problemática social como los sin techo".

Trasladar el problema

La Arrels Fundació se queja de que la presión policial "ha trasladado" a otros espacios de la ciudad a muchos de los mendigos que la entidad tenía ubicados, lo que dificulta su tarea de apoyo a estas personas. Las medidas represivas "no hacen más que trasladar el problema de un lugar a otro, no elimina sus causas, sino que las esconde", señala el manifiesto. Las entidades cristianas firmantes remarcan que la ordenanza debe ir acompañada de un "plan social", aunque, según señalan, "no vemos la aplicación de este plan, pero sí las medidas represivas". El texto ha sido presentado ante el Ayuntamiento.

Además de las entidades citadas, firman el manifiesto la Delegación del Apostolado del Mar, el Secretariado de Pastoral Gitana, Acción Católica Obrera, Cristianisme i Justícia y Sant Joan de Déu-Serveis Socials.