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De concesiones y corrupciones

Leo estos días en la prensa dos noticias que aunque distintas y distantes, como dijo en alguna ocasión un efímero y olvidado presidente del Gobierno español de la democracia, creo que pueden ser comentadas conjuntamente, en la medida en que las lecciones que se extraen de la primera de esas historias pueden ser aprovechadas para orientar la solución que entre nosotros se le dé a la segunda.

Por un lado, está la noticia de la prisión decretada el martes pasado contra un ex director general de Industria y una funcionaria del Gobierno canario, al parecer implicados en una red de políticos, funcionarios y empresarios que se habrían cruzado información privilegiada, y recibido a cambio compensaciones económicas, con vistas a obtener ventajas en los concursos convocados para lograr concesiones administrativas para construir parques eólicos en el archipiélago. La investigación está en marcha y ha sido bautizada como Operación Eolo, y parece que puede ser sólo un episodio de una trama de corrupción político-empresarial más amplia.

La segunda noticia que me interesa traer aquí es más cercana. Tiene que ver con la intención del Departamento de Industria de la Generalitat de cambiar el sistema seguido hasta ahora para llevar a cabo el control de las inspecciones técnicas de vehículos, las ITV, y la inspección y el control de la seguridad industrial en las empresas. Hasta ahora, el régimen seguido era el de la concesión administrativa a unas pocas empresas, sistema que en los últimos meses del anterior Gobierno dio lugar a decisiones que crearon fuerte polémica pública. Ahora, el nuevo régimen que se quiere introducir en el proyecto de ley de seguridad industrial es el de la simple autorización administrativa, autorización que se otorgaría de forma automática a cualquier persona o empresa que quiera desarrollar esa actividad empresarial y que cumpla los requisitos que de forma general se establezcan en la nueva ley.

No se asusten. En modo alguno, ni aun en mi inconsciente, pretendo sugerir ninguna relación directa o indirecta entre ambas noticias; ni mucho menos insinuar que lo que ocurre en Canarias pueda también estar ocurriendo en Cataluña. Ya he dicho que son noticias distintas y distantes. Dicho lo cual, y para evitar suspicacias por el otro lado, conviene aclarar que tampoco estoy sugiriendo que esto ocurre en Canarias por alguna predisposición innata de los ciudadanos de las islas a este tipo de tramas. El que así piense desde aquí, que tire la primera piedra.

Mi intención al escoger esas dos noticias, es llamar la atención sobre la diferente capacidad de los instrumentos de intervención política en la economía para mantener un equilibrio adecuado entre la capacidad que han de tener los instrumentos de la política económica para lograr el fin perseguido con su utilización, y el objetivo, no menos importante, de mantener controlada la corrupción.

¿Qué es mejor para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por nuestras calles y carreteras y la seguridad industrial en las empresas, un régimen de concesiones que queda a discreción de políticos y funcionarios o un régimen de simples autorizaciones administrativas automáticas cuando se cumplen determinados requisitos? Vamos a ver, si para ejercer como médico sólo se exige haber pasado los exámenes que le habilitan para ejercer la medicina, sin que después haya que obtener una concesión administrativa para ejercer la profesión, ¿por qué para controlar la salud de los vehículos se van a exigir mayores condiciones? ¿Es acaso que la salud de las personas requiere menos controles administrativos que la de los vehículos?

Otro ejemplo nos puede servir para insistir en la misma idea. Las empresas que cotizan en Bolsa y, de forma creciente, también todas las demás, están obligadas a auditar sus cuentas. Es también un control de la salud de la empresa. Esta auditoría contable obligatoria es equivalente a la ITV o a las actividades de inspección y control de la seguridad industrial. Sin embargo, el ejercicio de la auditoría contable no está sujeto a concesión político-administrativa alguna, sino que se hace en régimen de competencia entre las diferentes empresas que desarrollan esta actividad.

Sucede también que en muchos casos las autoridades optan por el régimen de concesión por otro motivo. La concesión permite exigir al concesionario un canon, es decir una cantidad determinada de dinero para ingresar en las arcas públicas, algo que no se puede exigir, sin embargo, en el régimen de autorizaciones. De hecho, el canon es una forma encubierta de aumentar los impuestos a los propietarios de vehículos y a las empresas que deben pasar el control de sus instalaciones industriales. Aunque el canon lo paga inicialmente la empresa concesionaria, ésta lo recupera después aumentando el precio o tarifa que cobra a los propietarios de los vehículos cuando, obligatoriamente, han de pasar la ITV o a las empresas cuando deben revisar las instalaciones industriales. Por tanto, quien paga finalmente el canon son los propietarios de vehículos y las empresas. De ahí que el canon se transforme en un impuesto oculto.

El bien público que proteger -la seguridad vial en el caso de los vehículos, y la salud de las personas en el caso de los médicos- no está mejor protegido con el régimen de concesiones que con el de las autorizaciones. Por el contrario, en la medida en que la concesión es una restricción al ejercicio libre de una actividad empresarial, limita la aparición de nuevas empresas y la competencia entre ellas. Sólo en el caso de que sea más eficiente para la sociedad desarrollar una actividad económica en régimen de monopolio que en el de competencia (como en el caso del suministro de agua a las ciudades) debería establecerse el régimen de concesiones. Pero no parece ser este el caso.

Al ser una restricción al libre ejercicio de la actividad empresarial, la concesión requiere de la discrecionalidad de políticos y funcionarios, y esto la hace más proclive a la aparición de corrupciones o corruptelas. Esa es la lección que podemos sacar de la Operación Eolo.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 20 de febrero de 2006.

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