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Reportaje:

Sola contra el gobernador

La persecución de una periodista por denunciar en México una red de pederastia desata una crisis política

La persecución a la periodista mexicana Lydia Cacho por denunciar una red de pornografía infantil con ciudadanos influyentes de por medio ha desatado un escándalo en México de grandes proporciones, que pone al descubierto las vinculaciones entre empresarios desaprensivos y políticos corruptos. El nombre de Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla, se ha convertido esta semana en el exponente de la cara más sórdida de la política mexicana en plena campaña electoral. Pese a que amplios sectores de la población piden la dimisión del gobernador, este caudillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se niega a dejar el cargo.

Los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Felipe Calderón, del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), han lanzado su artillería contra el gobernador Marín, que ha movilizado a sus huestes en las calles poblanas. Todo muy lógico en tiempos electorales. Más incómoda es la postura del PRI, el principal perjudicado, que de momento no ha dejado en la cuneta al gobernador. El presidente del Senado, el priísta Enrique Jackson, aludió a la falta de quórum para impedir una iniciativa parlamentaria que pedía una investigación del caso por parte de la Corte Suprema. El Gobierno de Vicente Fox, a través de su portavoz oficial, ha condenado enérgicamente la actuación del gobernador Marín, pero no ha tomado ninguna decisión al respecto.

Una decena de policías abordó a la reportera como si fuera el 'narco' más buscado

El escándalo estalló con la revelación por el diario La Jornada de comprometedoras conversaciones telefónicas que demuestran, entre otras cosas, que Marín estuvo detrás del acoso policial y judicial contra Lydia Cacho. El gobernador es uno de los protagonistas de los diálogos tabernarios que mantuvo Kamel Nacif, dueño de fábricas textiles en Puebla, con políticos, empresarios y periodistas de aquel Estado, grabados clandestinamente y difundidos estos días en varios medios de comunicación.

Entre expresiones como "qué pasó mi gober, precioso", "mi héroe chingao" y descalificaciones y amenazas a la periodista -"esta vieja cabrona... que chingue a su reputa madre"-, el empresario y el gobernador hablan como buenos compadres y coinciden en la necesidad de dar un escarmiento a Lydia Cacho. Con uno de sus interlocutores Kamel Nacif comenta que hay que meter a la periodista en la cárcel y enviarla al pabellón de las presas lesbianas para que la golpeen y violen. En el diálogo con otro empresario que le dispensa el trato de "mi rey", Nacif dice que a la juez puede "enviarla de vacaciones donde ella quiera".

Kamel Nacif, de origen libanés, es una persona muy influyente en el Estado poblano y buen amigo del gobernador. Fue detenido en Estados Unidos en mayo de 1993 por una acusación de evasión fiscal en México de unos siete millones de dólares. Su nombre aparece en el libro Los demonios del edén, donde Lydia Cacho denuncia una red de pederastas internacionales con base en Cancún que fomentaba el turismo sexual infantil y distribuía pornografía a través de Internet. La Procuradoría (Fiscalía) General de la República (PGR) ha confirmado la existencia de esta red, con tentáculos en varios países, en la que, presuntamente, están implicados otros empresarios. El principal acusado es un próspero hotelero de Cancún, Succar Kuri, también de origen libanés, que está detenido en Chandler (Arizona) a la espera de que un juez federal estadounidense se pronuncie sobre la demanda de extradición mexicana por abuso sexual de menores, pornografía infantil y lavado de dinero. La Fiscalía asegura que la pornografía infantil es el tercer negocio ilícito en México, después del narcotráfico y el tráfico de armas.

Según denuncia Cacho en su libro, entre los supuestos cómplices de Kuri están el actual subsecretario de Seguridad Pública Federal de México, Miguel Ángel Yunes Linares, y el senador federal Emilio Gamboa Patrón (PRI).

El escándalo tiene su antecedente inmediato en la detención el 16 de diciembre pasado de Lydia Cacho, que dirige en Cancún un centro de atención a mujeres víctimas de violencia. Una decena de policías judiciales de los estados de Puebla y Quintana Roo abordaron a la periodista como si se tratara del narcotraficante más buscado. Más que una detención fue un secuestro, a juzgar cómo se desarrollaron los hechos. Fue sacada de territorio de Quintana Roo cuando el gobernador no había firmado todavía el preceptivo exhorto, y estuvo desaparecida más de 20 horas. "Me ocultaron, me sacaron por la puerta de atrás de la sede de la Procuradoría (Fiscalía), me agarraron del pelo, me empujaron violentamente al interior de un coche y arrancaron a toda velocidad", recuerda Cacho. "Todo para que mi abogada no pudiera verme. Exigí mis derechos, grité que aquello era un secuestro y uno de los policías, pistola en mano, me amenazó: 'Cállate, pendeja, o te esposamos. La vas a pasar mal".

Tras un viaje interminable llegó a Puebla, donde el calvario continuó siete horas más. Fue a parar a una celda inmunda y se presentó un supuesto representante de la comisión de derechos humanos que le entregó un documento en el que declaraba estar bien y no haber sido maltratada. Se negó a firmar. En la Procuradoría de Puebla le esperaban algunos familiares y periodistas que habían sido alertados a través de algunas emisoras que dieron cuenta de la "desaparición" de Lydia Cacho. La radio fue su salvación.

Finalmente, después de pasar por la enfermería, fue puesta en libertad condicional, previo pago de 70.000 pesos de fianza (unos 6.500 dólares). La procuradora de Puebla, Blanca Laura Villena Martínez, admitió graves anomalías en el arresto de Lydia Cacho al reconocer que no se notificó a la inculpada la orden del juez de detenerla por difamación, para evitar que hiciera un escándalo.

Le abrieron dos procesos por difamación y calumnias, por los que el fiscal pedía cuatro años de cárcel en cada uno, más una multa. Paralelamente, el gobernador de Puebla declaró que Lydia Cacho era una delincuente y que el caso estaba cerrado. Organizaciones internacionales de derechos humanos y del derecho a la información han expresado su apoyo a Lydia Cacho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de febrero de 2006