"No se puede permitir cualquier desarrollo"

Desde 1982, Joan Corominas (Tarragona, 1946) ha trabajado de forma ininterrumpida en la administración andaluza. La Agencia Andaluza del Agua, que dirige, es un órgano de importancia creciente tras el traspaso estatal de las Cuencas Mediterránea y Atlántica, además de la previsible gestión del Guadalquivir.

Pregunta. El Gobierno está cambiando su posición sobre el traspaso del Guadalquivir.

Respuesta. La Administración central está entendiendo una realidad importante, que el Guadalquivir es un río andaluz que debemos gestionar desde Andalucía y que hay instrumentos jurídicos que valen para que pueda ser realidad.

P. El Ministerio era muy reticente al traspaso.

R. Creo que la reticencia era consecuencia de una inercia histórica de que el agua siempre ha sido un bien gestionado por el Estado. No es fácil ese cambio, han ido evolucionando y están en unas posiciones cercanas a lo que en el borrador del Estatuto se ha planteado.

"La Ley de Aguas imposibilita transferir el Guadalquivir, tal y como está escrita"

"El modelo actual de gestión del agua no ha sabido adaptarse a los cambios"

P. ¿Qué fórmula, encajable en la Constitución, se podrá emplear?

R. No hay ningún problema en la Constitución, los problemas vienen de cómo se diseñó la Ley de Aguas, interpretando que sólo son competencia de las comunidades autónomas las aguas que discurren por su territorio, al fijar criterio de unidad de cuenca y de gestor, que sería el Estado cuando afecta a varias comunidades. La Ley de Aguas imposibilita esa transferencia tal y como está escrita, pero la directiva europea que tiene más rango que la Ley de Aguas pide unidad de gestión, por cuencas, pero entiende que puede haber varios gestores.

P. ¿Bastaría entonces con reformar la Ley de Aguas?

R. Sí, adaptarla a la filosofía de la directiva marco, que tiene esa filosofía más moderna y se traspuso en el 2003 por el PP de forma cicatera y muy pobretona, sin una modificación del espíritu de lo que planteaba la directiva, éste es quizás el problema, adaptar nuestra Ley de Aguas a la directiva marco, con eso podríamos tener resuelto ese conflicto que parece tan grande y no lo es.

P. ¿Cuál es la situación de las cuencas?

R. El Guadalquivir tiene un problema grave de recursos, pero va a haber garantía absoluta para todos los abastecimientos, son casi 3 millones de habitantes que tendrán garantizado con seguridad dos años. El regadío si tendrá problemas si no llueve más, ya se ha planteado que se dará sólo un 30% de las dotaciones del año pasado. En la Cuenca Atlántica Andaluza, en Cádiz y Huelva, la situación es mejor, los embalses están al 50% y permiten atender bien el abastecimientos, los regadíos, los usos industriales y turísticos con ligeros ahorros. En la cuenca del Guadalete hemos propuesto a los regantes que ahorren un 15% y en Huelva, el 10%. La parte más conflictiva la tenemos en la Cuenca Mediterránea, donde los embalses están a un nivel muy bajo y tenemos que contar con aportes de acuíferos, la desaladora de Marbella y embalses fuera del sistema de Málaga. Con estos equilibrios y ahorros en usos no prioritarios, como el riego en jardines o campos de golf, creemos que se podrá solventar el abastecimiento. No va a haber ningún menoscabo de la actividad turística.

P. En el peor escenario, que no haya lluvias en primavera, ¿estaría garantizado el suministro de agua en esas poblaciones?

R. Viendo la situación de todos los recursos, se ha buscado ahorrar y prohibir determinados usos, hay garantía suficiente para el abastecimiento tanto a la población residente como a la estival.

P. Se ahorra, pero no parece aumentar la concienciación. Algunos municipios de la Costa del Sol no facilitaban los datos sobre el consumo.

R. Ya los han facilitado. Hemos tenido que ir apretando un poco para que al final lo den.Nunca se consigue la colaboración consciente, voluntaria y proactiva, por eso tomamos el acuerdo en el comité de la sequía de abrir expedientes sancionadores a ocho municipios y 45 grandes consumidores privados, pero la mayoría ha aportado la información a partir de aquel día y veremos si esos expedientes se pueden sobreseer.

P. Con los datos sobre el gasto de agua, ¿han percibido usos demasiado alegres?

R. En esta época en 2005 se gastaban casi 270 litros por habitante y día en la Costa del Sol. Este año estamos en 230, es un ahorro importante.

P. ¿Cuál es el consumo por habitante ecológicamente sostenible?

R. En este momento, sabiendo que tenemos redes con fuga, lo razonable es 230, que es un uso muy normal, sin excesos de esfuerzos a nadie, sólo se pide que no se malgaste. El esfuerzo lo tenemos que hacer las administraciones de buscar esos recursos. El año pasado casi toda el agua procedía de los embalses y ahora sólo un 30% en Málaga capital y un 17% en la Costa del Sol proceden de los embalses.

P. También les está costando a los ayuntamientos elaborar los planes de emergencia.

R. Les hemos dado asistencia técnica, pero algunos no lo han terminado de digerir para llevarlo a pleno y aprobarlo. El trabajo técnico está bastante avanzado, les queda asumir que tiene cierto coste político el tener que decir a los ciudadanos que también son responsables en la gestión del agua.

P. ¿Qué errores se han cometido? ¿Se ha planificado sin tener en cuenta el agua?

R. El origen viene de la sociedad que teníamos. Hace 30 años era muy rural, el peso del regadío era preponderante, hoy la sociedad es más diversificada. El modelo actual de gestión del agua no ha sabido adaptarse a esos cambios, esa es la gran crítica que podemos hacer. Los éxitos de esa política de aguas también ha permitido que dispongamos de muchos embalses, que seguirán siendo útiles, a lo mejor para otros usos.

P. ¿Hay capacidad para abastecer las urbanizaciones proyectadas en la Costa del Sol?

R. El agua tiene límites, que no degrademos el recurso. La sequía, en el fondo no es más que eso, que usamos más agua de la que tenemos. No se puede permitir cualquier desarrollo y en ese sentido la modificación en la Ley de Aguas del Gobierno plantea que tiene que haber un informe de la administración del agua ante cualquier nueva demanda importante en planeamiento urbanístico o agrario. Ese informe es obligatorio, por tanto los ayuntamientos y los posibles compradores de viviendas sabrán que no va a haber agua suficiente. En el futuro debería ser incluso más restrictivo, en el sentido de que el agua impidiera cualquier nuevo desarrollo si no hay recursos suficientes para garantizarlo.