Cataluña abre a las autonomías la puerta a la descentralización judicial

ERC sí unió ayer sus votos al PSOE, CiU e ICV para refrendar el capítulo judicial del Estatuto de Cataluña. Frente a ellos, el PP, por considerar que si el texto debatido en ponencia prospera en Comisión, y después en Pleno, Cataluña tendrá su propio Poder Judicial. El resto consideró trascendente el día de ayer porque, por primera vez, el Poder Judicial se adecua al Estado autonómico, como consagra la Constitución en el artículo 152.

"Se está desmantelando la legislación del Estado" y "se crea un poder judicial propio para Cataluña y se rompe un pilar fundamental en la unidad de España", señaló el ponente del PP, Federico Trillo, flanqueado por sus compañeros Soraya Saénz de Santamaría y Josep Piqué. "Se ha dado un salto de gigante después de 20 años", señaló Nuria de Gispert de CiU, junto a Francesc Homs y Ramón Camp. "El Estado autonómico ha entrado en el Poder Judicial", manifestó Joan Ridao de ERC, con el asentimiento de su compañero Joan Puigcercós.

"Todos los partidos menos el PP mantenemos el texto fundamental en materia de Justicia que vino de Cataluña", se congratuló Jaume Bosch de ICV junto al portavoz en el Congreso, Joan Herrera. "El Poder Judicial debe ser acorde al Estado autonómico y como casi siempre Cataluña está a la vanguardia de ese avance autonómico", dijo el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, junto a la dirigente del PSC Manuela de Madre.

En la discusión del Título III del Estatuto de Cataluña, sobre el Poder Judicial en Cataluña, se produjo en la ponencia constitucional el primer acuerdo, casi total, de ERC con el resto de los grupos, a excepción del PP. En esta ocasión los republicanos -que hasta ahora van considerando el Estatuto muy rebajado en relación a como vino del Parlamento de Cataluña por mor del pacto entre CiU y PSOE- vieron en el apartado judicial su propia mano y un gran avance para la adecuación del Estado autonómico. Si bien el Poder Ejecutivo y el Legislativo están adaptados en todas las comunidades autónomas, no ocurre lo mismo con el Poder Judicial, a pesar de que el artículo 152 de la Constitución proclama esta adecuación.

La descentralización será un hecho, pero todo queda pendiente a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que será el marco donde se concreten las competencias de Justicia de las autonomías. El texto aprobado en el Parlamento de Cataluña apelaba tres veces a la intervención de la LOPJ. Ahora, 11 veces.

El mérito de la lengua

Los magistrados, jueces o fiscales que ocupen una plaza en Cataluña "deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos", señala el artículo 102 del borrador de Estatuto. En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y del derecho propios "se valorará específicamente para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado". En efecto, el conocimiento de las lenguas cooficiales será "un mérito determinante" para los traslados. En este punto ERC se ha abstenido porque prefiere seguir luchando para que el conocimiento del catalán sea "requisito" y no mérito.

Un punto de acuerdo sin problema ha sido la función que se da al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos de ese ámbito territorial. Estos recursos se resolverán de acuerdo con lo que indique el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina".

La participación del CGPJ entra también en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ, "y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña".

Éste Consejo es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña y actúa como "órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial", que, no obstante, conserva sus competencias, de acuerdo con lo previsto en la LOPJ.

Ésta descentralización, así como la figura del Fiscal Jefe del Tribunal de Justicia de Cataluña, "que representa al Ministerio Fiscal en Cataluña", sirve también al PP para interpretar que "se desmantela la legislación del Estado y se crea un poder propio para Cataluña". El dirigente socialista López Garrido lo niega y proclama que "el Poder Judicial es único", aunque defendió la profunda descentralización del Poder Judicial, tal y como se comprometió el PSOE en su programa electoral.