Un estudio oficial acusa al Gobierno de "vaciar" las competencias forales

Un informe elaborado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco (UPV) a petición de las Juntas Generales de Álava constata la "crisis" en la que ha entrado la Ley de Territorios Históricos (LTH), la norma que fija la distribución de competencias entre las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) y las forales. Las cada vez más numerosas leyes sectoriales que aprueba el Parlamento y, sobre todo, la proliferación de decretos del Gobierno que regulan de forma exhaustiva cualquier materia han desencadenado un proceso de "vaciamiento generalizado" de las competencias que les corresponden a las tres Juntas Generales. Ésta es una de las aseveraciones del informe elaborado para clarificar la asignación de competencias que tienen establecidas las instituciones y comprobar si se cumple o no el reparto legal.

El trabajo fue encargado por las Juntas alavesas en abril de 2005 y su elaboración ha corrido a cargo, entre otros, de la catedrática emérita de la UPV Milagros García Crespo; el catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren, y los catedráticos de Economía Aplicada Marisol Esteban y Felipe Serrano. Basaguren señaló abiertamente de está en "crisis" el modelo de la LTH.

Los cuatro catedráticos presentaron ayer el resultado de su trabajo ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas alavesa y en presencia del diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate. El informe llega cuando va a comenzar la revisión de la ley de Aportaciones, que regula el reparto de los recursos del Concierto entre el Gobierno y las diputaciones. En este sentido, el trabajo refleja cómo en los últimos años ha aumentado la capacidad de financiación del Gobierno, mientras ha caído la de las diputaciones.Aunque el encargo de hacer el informe es de las Juntas Generales de Álava, sus resultados también resultan extrapolables a los otros dos territorios. El Gobierno eludió pronunciarse sobre el documento. La primera parte consiste en un análisis jurídico de la actuación del Gobierno y de las Juntas Generales. Este examen pone de manifiesto la existencia de importantes ámbitos en los que no se respeta la distribución de competencias establecida por la Ley de Territorios Históricos.

En primer lugar, apunta el documento, se está recurriendo, de forma más habitual cada vez más habitual, a la modificación del reparto competencial por medio de leyes sectoriales emanadas del Parlamento. "Aunque ello es legítimo desde el punto de vista jurídico,", observan los expertos, "parece poner de manifiesto el problema de la vigencia del modelo establecido en la LTH. Y sería conveniente que ello se abordase de forma global, sistemática, y no a través de cada una de las leyes del sector".

El último ejemplo de esta controversia se ha suscitado con el proyecto de ley de Aguas, que fue recurrido la legislatura pasada ante la Comisión Arbitral por las Juntas Generales de Álava al entender que se invadían competencias forales. Finalmente, la Comisión Arbitral dio la razón al Gobierno al señalar que el reparto competencial entre Ejecutivo y Diputaciones fijado en la LTH se puede modificar a través de una ley sectorial, siempre que ésta contenga una disposición adicional en la que se articule de manera "directa, expresa y fundada" dicha modificación competencial.

El segundo problema al que hace referencia el informe se refiere al proceso de "vaciamiento generalizado" de las competencias de desarrollo normativo y ejecución de los territorios históricos que, a juicio de sus redactores, se viene produciendo en los últimos años. Este vaciamiento es consecuencia de "una proliferación" de decretos del Gobierno que regulan de manera exhaustiva cualquier materia. "Con ello, el Ejecutivo ha demostrado un fuerte apego a unas formas de actuación expansiva en la regulación de lo básico, irrespetuosa con las competencias de desarrollo normativo de los territorios históricos", apunta el documento.

"El poder del gasto"

La prueba palpable de esta práctica es que en la actualidad las Juntas Generales sólo promulgan normas forales sobre fiscalidad, sin apenas adentrarse en otros campos que ya aparecen regulados con los decretos del Gobierno.

En tercer lugar, los expertos advierten de que el Gobierno recurre a su "poder de gasto" e inversión para intervenir, por medio de subvenciones, en ámbitos que son competencia exclusiva de las diputaciones. De esta forma no respeta la LTH, que especifica que antes de invertir en algo debe realizar la transferencia de recursos correspondiente a las diputaciones. Estos tres problemas se concretan de manera especial en las competencias sobre agricultura, ganadería y montes, y servicios sociales.

Además de la invasión competencial causada por las leyes sectoriales, los decretos y las subvenciones, en algunos programas de agricultura y ganadería se produce una auténtica "expropiación competencial", en palabras del catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren. Es el caso de la promoción y capacitación agraria (actividades formativas: Escuela de Viticultura de Laguardia, Artzain Eskola, Escuela de Arkaute) y el ámbito del desarrollo rural (programas Erein, Leader y Elkarteak). La mayor parte de estas "sustracciones de competencias" se materializan a través de la creación de sociedades públicas, dependientes del Departamento de Agricultura, como Mendikoi. Algo parecido ocurre en torno a los productos de calidad con la Fundación Kalitatea y el programa Egoki.

La acción directa

En el terreno de los servicios sociales, el informe del Departamento de Economía Aplicada destaca que el Gobierno está empleando una previsión contenida en la LTH: la de la acción directa, que permite al Gobierno ejercer determinadas competencias siempre y cuando justifique no son propias en circunstancias especiales. Sin embargo, el Ejecutivo aplica la cláusula pero después no concreta en qué consiste el "interés general" o las circunstancias extraordinarias exigidas por la ley.

El estudio calcula que el Gobierno gastó en 2003 en actuaciones ajenas a sus competencias el 1,34% de su presupuesto. Los departamentos de Agricultura (con el 41,6% de su presupuesto destinado a este tipo de competencias no propias) y Ordenación del Territorio (con el 32,8% de su presupuesto) encabezan la clasificación.

En otro apartado, el informe analiza de manera exhaustiva la evolución de los ingresos y los gastos del Ejecutivo y de las diputaciones desde 1991 hasta 2002. El Gobierno ha mostrado una tendencia tan positiva en las aportaciones recibidas que en el año 2000 el superávit generado fue equivalente al 23% de los ingresos corrientes. A partir de ese año, empieza a decrecer hasta situarse en el año 2004 en el 15% de los ingresos corrientes. En cambio, en las diputaciones, los ingresos propios se han mantenido constantes, mientras que los gastos han crecido. Esta circunstancia ha obligado a las tres diputaciones a endeudarse cada vez más.