La juez que investiga el derrumbe del Carmel imputa a cuatro jefes de obras y un técnico de GISA

Más de un año después de producirse el derrumbe del túnel del Carmel durante la construcción de la línea 5 del metro, la magistrada Elisabet Castelló ha citado a declarar como imputados a cuatro jefes de obras y a un responsable de la empresa pública GISA. La decisión judicial se produce sin que haya finalizado todavía el informe de los peritos sobre las causas del hundimiento y sin que se sepa siquiera si quienes lo redactan no deberán realizar más sondeos y ensayos. La juez considera que, pese a ello, la información de la que dispone es suficiente para realizar estas citaciones.

Las comparecencias se iniciarán el 21 de febrero y acabarán el 8 de marzo. Asegura la juez en su providencia que las personas a las que imputa son "las más directamente relacionadas con la elaboración del proyecto, dirección y ejecución de la obra". Se trata de Javier Gete-Alonso y Benjamín Celada, director de obras de la empresa TEC 4 y gerente de Geocontrol, respectivamente. Estas sociedades formaban una unión temporal de empresas (UTE) que tenía encomendada la dirección de los trabajos.

Ambas personas son ingenieros y en su día comparecieron en la comisión parlamentaria que investigó el hundimiento. Gete-Alonso explicó entonces que, como máximo responsable de la obra, ni autorizó ni ordenó que se hiciera el trabajo que provocó el derrumbe y que su responsabilidad no implicaba estar pendiente de la obra las 24 horas. Celada, por su parte, admitió en la comisión que aquella zona del terreno no tenía estabilidad.

También ha sido imputado Antonio Pérez Otero, técnico de la empresa pública GISA, responsable del seguimiento de la obra de ampliación de la línea 5 del metro y a la que la juez considera responsable civil subsidiaria de los perjuicios causados a las 1.200 personas que tuvieron que ser desalojadas tras el hundimiento.

Del mismo modo, declararán como imputados Rafael Piquer Sirera y Sergio García Ariza, jefes de obra de la contratista UTE, formada por las empresas constructoras FCC Construcción, Copisa y Comsa. Los supuestos delitos que pesan sobre ellos son estragos y daños por imprudencia.

Pago a los peritos

En la misma providencia, dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, se requiere al Departamento de Justicia de la Generalitat para que abone a los peritos judiciales los trabajos realizados desde mayo de 2005, con la extracción y el análisis de las muestras de tierras recogidas en el lugar del derrumbe.

La juez también requiere a los peritos para que "en el plazo más breve posible" le informen de si con los sondeos y ensayos realizados ya tienen bastante para emitir su dictamen sobre las causas del hundimiento o, por el contrario, necesitan realizar nuevos sondeos.

Francesc Jufresa, abogado del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, se mostró ayer sorprendido por la decisión de la juez "porque hace unos meses dictó un auto en el que afirmaba que no imputaría a nadie sin conocer el informe de los peritos". El letrado se preguntó "si los peritos ya han adelantado alguna de sus conclusiones a la juez". "De lo contrario", añadió, "me extraña mucho que se contradiga". Jufresa también explicó que la instructora del caso le denegó el nombramiento de un perito designado por la Generalitat y que él recurrió contra esta decisión ante la Audiencia de Barcelona.