Los robos en viviendas rurales cayeron un 9% en 2005, más que la tasa de criminalidad

La tasa de criminalidad en 2005 se sitúa en 66,6 delitos por cada mil habitantes censados. Ese índice refleja un descenso de un 2,7% respecto a 2003, que se cerró con 69,3 infracciones penales por cada mil habitantes. La Comunidad Valenciana se sitúa así la quinta en actividad delictiva sobre la población fija, por encima de la media española y por debajo de la media de la Europa occidental. La actividad registrada en 2005 por la Guardia Civil y la Policía Nacional refleja un descenso global de los delitos de un 0,09% el pasado año. Los robos con fuerza en inmuebles descendieron un 4,85%. Y en el territorio específico de la Guardia Civil, la bajada en robos con fuerza en chalés, fincas y urbanizaciones alcanza casi el 9%.

El asalto a los Ferri, en Canals, ha servido de pretexto para expandir la alarma

Manifiestos y declaraciones de corte catastrofista dominadas por el miedo, patrullas ciudadanas en distintos municipios, muy concretamente en las comarcas de La Costera-Canal de Navarrés, pintan un retrato de la inseguridad ciudadana que no coincide con los datos facilitados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La tasa de criminalidad en la Comunidad Valenciana era en 2003 de 69,3 delitos por cada mil habitantes (el cálculo tiene una desviación porque se hace dividiendo el total de denuncias sobre la población censada). Esa tasa, en 2005, descendió hasta ser del 66,6 por cada mil habitantes. A pesar de la reconocida presencia de grupos de crimen organizado en territorio valenciano, los índices están por debajo de la media de Europa Occidental, situada en 70 delitos por cada mil habitantes. En 2002, las infracciones penales se situaron en cifras de 77 por cada mil habitantes (85,2 en Alicante; 59,9 en Castellón; y 75,2 en Valencia). La Comunidad Valenciana se sitúa por detrás de Baleares, Melilla, Ceuta y Madrid. En 2005, Alicante bajó 14 puntos (71 delitos por cada mil habitantes); Castellón descendió 7,5 puntos (52,4 infracciones penales por cada mil habitantes); y Valencia redujo la tasa en ocho puntos (67,2 delitos por cada mil habitantes).

Los delitos, en el conjunto de las tres provincias, han ido bajando desde la alarmante situación que se generara en 2002, cuando crecieron un 8,31% respecto al año anterior. En 2003, la disminución se cifró en un 8,43%. En 2004, en un 3,30%. Y en 2005, en un 0,09%. De esas cifras se desprende que, en términos generales, el conjunto de la actividad delictiva del año pasado fue ligeramente inferior a la registrada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en 2004.

La atención se ha centrado en las últimas semanas en los robos con fuerza en inmuebles. La cifra subió en 2002 un 1,92% respecto al año anterior. A partir de ahí, en 2003, bajaron un 5,15%. En 2004, un 9,53%. Y en 2005, un 4,85%. Según esos datos, en 2002 hubo 20.000 delitos más que en 2005. En 2002 se registraron 8.325 más robos con fuerza en inmuebles que el pasado año.

Ninguno de esos balances, que son el retrato de la actividad registrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según la Delegación del Gobierno, respaldaría la alarma que en las últimas semanas señala como límite, insostenible y sin precedentes de inseguridad ciudadana la situación en la Comunidad Valenciana, y concretamente en las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés.

El asalto, a primeros de enero, del chalé situado en el casco urbano de Canals, propiedad de una de las hijas del empresario que creó el imperio Ferrys, ha servido de pretexto para extender una alarma, con una de sus víctimas, Francisco Ramírez, a la cabeza de movilizaciones ciudadanas. Una reforma de la Ley de Seguridad Privada, entre otras cosas, está detrás de las patrullas vecinales y las intervenciones de propietarios de fincas rurales y urbanizaciones asociados. Un informe específico de la Guardia Civil, cuya actividad en materia de seguridad ciudadana cubre casi todo el territorio rural, donde están los chalés, casas de campo y urbanizaciones, sitúa el descenso de robos y asaltos a estas fincas en 2005 en casi un 9%.

Más aún, en el conjunto de los 15 municipios de las comarcas centrales, los delitos bajaron en 2005 un 6,6%. En Estubeny, por ejemplo, se registraron dos delitos. En Bicorp, uno. La excepción la firma Xàtiva, municipio gobernado por el PP, como la mayoría de los de la zona, cuyo alcalde, Alfonso Rus, no ha convocado la Junta de Seguridad Local en los últimos dos años y que efectivamente registró en 2005 un aumento global de los delitos en varios puntos. Sin embargo, ni los datos de la Policía Nacional ni los de la Guardia Civil señalan el asalto a chalés en las afueras del casco urbano de Xàtiva como una actividad delictiva que haya aumentado especialmente. Sin embargo, en esas comarcas centrales se ha articulado una protesta constante sobre hechos cuya envergadura no respaldan las cifras.

Los datos de actividad delictiva no coinciden con el retrato de máxima inseguridad -la protesta no responde a una situación que sí era constatable hace más de un año en las comarcas del sur de Alicante y que activó respuestas específicas- y tampoco con la supuesta ausencia de efectivos de seguridad. El territorio afecto de ese supuesto crecimiento de robos en chalés, fincas rurales y urbanizaciones ha aumentado sus efectivos de Guardia Civil en 239 agentes desde enero de 2004 hasta 2005. Ello supone que el catálogo de puestos previsto está prácticamente completo.