La fiscalía pide dar carpetazo al 'caso Virgen del Puerto'

La Junta de Fiscales Decanos de Madrid acordó ayer solicitar el archivo de las diligencias que tramita un juzgado contra tres concejales de Madrid denunciados por la Policía Municipal por tratar de impedir en 2005 una tala de árboles en el paseo de la Virgen del Puerto. Los ediles denunciados son la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, y los concejales socialistas Óscar Iglesias y José Manuel Rodríguez. La portavoz del PSOE, Trinidad Jiménez, anunció el pasado miércoles que su grupo no asistiría a ningún acto organizado por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), hasta que la policía no retirase la denuncia.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, convocó ayer en la plaza de Castilla a los 14 fiscales decanos para analizar y tomar una decisión sobre la postura que debía adoptar la Fiscalía en este asunto. Por ocho votos contra seis, la junta acordó pedir al Juzgado de Instrucción número 43, que investiga el caso, el archivo de las actuaciones.

Pese al acuerdo de solicitar el sobreseimiento, los fiscales también coincidieron en que el escrito de archivo incluya unos párrafos indicando que, si bien la actitud de los concejales no es censurable penalmente, dado que su actuación en el caso de los árboles se enmarcó dentro de "un acto político", sí merece un reproche desde el punto de vista "ético y deontológico".

Pedro Calvo, concejal de Seguridad y máximo responsable de la Policía Municipal, expresó ayer la "satisfacción" del Consistorio por la decisión de la Junta de Fiscales de Madrid de pedir el sobreseimiento.

El juzgado, de momento, mantiene abiertas diligencias contra los tres ediles por los incidentes del 20 de julio de 2005. Será, por tanto, el juez instructor quien deberá decidir ahora si archiva o no el procedimiento.

El jefe de la Policía Municipal de Madrid, José Luis Morcillo, presentó, tras los incidentes con los vecinos y concejales, una denuncia contra los ediles por desobediencia y resistencia a los agentes que acudieron al lugar. Había que talar los árboles a causa de las obras de reforma de la M-30 y, según la denuncia, los citados ediles, junto con un grupo de vecinos, trataron de impedir el corte del arbolado y se resistieron a los agentes.

En la reunión de ayer de los fiscales decanos, uno de los argumentos empleados por los partidarios de acusar a los concejales era las posibles consecuencias de dejar impune una actuación de este tipo. Estos fiscales, seis en concreto, defendieron que en el momento de los hechos los policías estaban revestidos de autoridad, mientras que los ediles no. Y que dejar sin castigo conductas así podía suponer dar carta blanca para que cualquier concejal pueda desobedecer y eludir las instrucciones de la Policía Municipal.

De los seis fiscales que apoyaban la inculpación de los ediles, dos de ellos eran partidarios de formular una acusación por delito; los cuatro restantes entendían que la acusación debía ser sólo por una falta. Al final triunfó la tesis de que los hechos no eran ni falta ni delito y que había que pedir el archivo.

"Naturaleza electoral"

El fiscal jefe Moix también se inclinó al final por esta última tesis. Es decir, que no cabía acusarles porque los ediles estaban allí ejerciendo "un acto de naturaleza electoral y política" y que, por tanto, el encontronazo que tuvieron con la policía no cabe subsumirlo "como un acto de desprecio u ofensa a la autoridad".

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, expresó ayer la "satisfacción" del Consistorio por la decisión de la Junta de Fiscales de Madrid de pedir el sobreseimiento de la denuncia. "No era una situación agradable para nadie", dijo. Tanto el PSOE como IU también mostraron su satisfacción por la decisión judicial.

IU celebró que la fiscalía "refuerce la función de los concejales en defensa de los derechos de los vecinos". Sabanés se felicitó por la decisión y lo explicó así: "No tanto por lo que me afecta de manera personal, sino porque refuerza de manera nítida que la función de los concejales no se limita a sentarse en el despacho y asistir a los plenos y a las comisiones, sino a tratar de intermediar para que los problemas se conviertan en soluciones y no que los conflictos se conviertan en problemas de orden público".

Los socialistas, por su lado, valoran que la fiscalía haya considerado los argumentos de que los concejales estaban cumpliendo con su deber de apoyar a los vecinos en sus reivindicaciones contra la tala de árboles. Igualmente, se congratulan de que la fiscalía rechace como delito o falta la conducta de los concejales, ya que "cumplían con su responsabilidad política de defender los intereses de los vecinos de Virgen del Puerto que trataban de impedir la tala de árboles en su barrio a causa de las obras de la M-30".

Sabanés, Iglesias y Rodríguez prestaron declaración el 7 de noviembre de 2005 ante el titular del juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Cuando reciba el escrito de la fiscalía, el juzgado decidirá si archiva el caso o prosigue con las pesquisas.

Los hechos que activaron la denuncia de Moix contra Sabanés, Iglesias y Rodríguez se produjeron cuando un centenar de vecinos del paseo Virgen del Puerto, concretamente el tramo comprendido entre las calles de Segovia y de la Pizarra, se amotinaron con el objetivo de evitar la tala de decenas de árboles en la ribera del río Manzanares, en el distrito de Arganzuela.

La Policía Municipal intervino para dispersarlos, pero los vecinos y concejales se resistieron y el resultado fueron tres detenidos y seis heridos (tres residentes y tres agentes), según la posterior denuncia del jefe de la policía.

Tras los incidentes, la oposición exigió la destitución del edil de Seguridad y del inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, como responsables de la, según los ediles afectados, "carga brutal" que empleó la policía contra ellos y los vecinos.