Salgado y Lamela se enfrentan por el reglamento de la Ley Antitabaco

El consejero de Sanidad de de Madrid, Manuel Lamela, exigió ayer por la tarde a la ministra de Sanidad, Elena Salgado una rectificación, después de que ésta asegurara por la mañana que el Ejecutivo regional atenta contra la salud de los madrileños a raíz de la publicación de uno de los borradores del reglamento de la Ley Antitabaco.

El borrador, uno de los seis que se han estudiado, incluye que se pueda fumar en bares y restaurantes de centros de trabajo y en celebraciones y actos conmemorativos dentro de éstos, además de en reservados de restaurantes. "Lo único que está claro que permanecerá en el reglamento es la cofinanciación de los tratamientos para dejar de fumar", señaló ayer una portavoz de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "el resto del articulado está siendo estudiado por los expertos jurídicos".

Petición de cese

Por la mañana, la ministra Salgado manifestó que la Comunidad de Madrid "actúa en contra de la salud de los madrileños", y consideró "grave" que el Gobierno de Esperanza Aguirre "avance" por aspectos que prohíbe la ley, informa Efe. Por la tarde, Lamela reclamó "la necesidad imperiosa de una rectificación" y anunció que el Gobierno regional ha trasladado a sus servicios jurídicos el estudio de la situación para tomar las acciones pertinentes "por injurias y calumnias", según precisó. Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, llegó a pedir el cese de la ministra.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente primero, Ignacio González, explicó que la ministra envió a finales de enero una carta a la presidenta de la Comunidad. En ella, la ministra le indicaba su preocupación por que un futuro borrador pudiera infringir la ley. Según González, la presidenta respondió con otra misiva, en la que "explica que la Comunidad va a hacer uso de su capacidad normativa". Y agregó: "Como siempre, desde el respeto absoluto a la legalidad".

"Hay cosas que la ley no dice, porque el legislador no quiso o se le olvidó. O porque vulneraría competencias de las comunidades", señaló. Avanzó que la ley deja a éstas la posibilidad de graduar las sanciones. "Haremos una graduación que sea coherente y lógica. Y que genere seguridad al ciudadano", afirmó.