En defensa del tripartito

Cuando el dictador murió en 1975 España estaba a la cola de Europa. Hoy España continúa a la cola de Europa en muchos aspectos que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía. La causa de este continuo retraso es la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras (y las clases y lobbies que representan) han tenido y continúan teniendo en nuestro país. Veamos. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía el gasto público social más bajo de Europa (sólo el 14% del PIB, comparado con el promedio de los países que más tarde formarían la Europa de los Quince, que era el 22%) y el gasto público en infraestructuras (tales como carreteras y ferrocarriles) más pobre de la Europa occidental (el 0,6% del PIB, comparado con el 2,4% en lo que sería más tarde la UE-15). La dictadura impuso un enorme retraso a España.

La democracia, sin embargo, permitió ir reduciendo tales déficit, lo cual ocurrió sobre todo en la década de 1980, bajo el Gobierno socialdemócrata que modernizó España. A principios de la década de 1990 el Gobierno socialista, sin embargo, fue distanciándose de sus promesas electorales, lo cual creó el alejamiento de sus bases electorales, situadas más a la izquierda que el Gobierno del PSOE, con lo cual, en 1993, éste casi perdió las elecciones legislativas. El presidente del Gobierno, Felipe González, respondió señalando que había entendido el mensaje que le había enviado su electorado, lo cual se interpretó ampliamente como un deseo de virar hacia la izquierda. La sorpresa fue mayor cuando se alió no con las izquierdas sino con la derecha catalana, CiU, iniciando una política de austeridad de gastos público y social (realizada bajo la dirección del entonces ministro de Economía, Pedro Solbes) que significó un descenso muy marcado del gasto público social por habitante, contribuyendo al deterioro en los servicios públicos del Estado del bienestar, responsables, en parte, de su derrota en el año 1996, consecuencia de una gran abstención de su electorado. El Gobierno conservador del PP (aliado también con CiU) continuó e incluso incrementó estas políticas de austeridad de gasto público social, el cual creció mucho más lentamente que en la mayoría de los Quince, con lo cual el déficit de gasto público social de España con el promedio de los Quince aumentó espectacularmente, alcanzando una enorme cifra de 60.000 millones de euros; el déficit de gasto en infraestructuras entre España y la Europa de los Quince alcanzó unos 20.000 millones de euros. Durante el periodo 1993-2004 los ingresos del Estado que durante la década de 1980 fueron a corregir el déficit social de España y a modernizar el país, se destinaron a corregir el déficit presupuestario del Estado, de manera tal que cuando el Estado español alcanzó el equilibrio presupuestario en el año 2002 (condición para alcanzar la convergencia monetaria), España tenía de nuevo el gasto público social más bajo de los Quince. Una vez más, los costes de alcanzar la integración europea los pagó la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares que son los que más utilizan los servicios públicos del Estado del bienestar y también son los más afectados por el escaso desarrollo de sus infraestructuras.

Esta situación se hizo incluso más intolerable para las clases populares de Cataluña, en las que, además del déficit del gasto público social (al cual contribuía el déficit fiscal con el resto de España), se desarrollaban unas políticas clasistas de claro apoyo a los sectores de renta superior (el 35% de la población de ingresos mayores) que utilizan los servicios privados. Como resultado de estas políticas, la escuela privada (la cual recibía los subsidios más altos de España) que sirve a los grupos más pudientes de la sociedad, daba una oferta docente de 1.050 horas más que la pública (a la que atienden los hijos de las clases populares, el 60-65% de la población catalana) con lo que al terminar los seis años de primaria los estudiantes de la pública recibían un año menos que los de la privada. Como consecuencia, Cataluña es la comunidad autónoma con mayores desigualdades educativas y mayor fracaso escolar.

El deterioro de los servicios públicos creó revuelo y movilización. Las izquierdas ganaron en Cataluña y el PSOE ganó en España, con promesas que incluían, por parte del Gobierno tripartito, el compromiso a que el gasto público social en Cataluña, como porcentaje del PIB, convergiera con el de los países y regiones de igual desarrollo económico. El compromiso del PSOE era alcanzar el gasto público social por habitante promedio de los Quince. Los primeros pasos de ambos gobiernos muestran un cambio notable del gasto público que beneficia a las clases populares.

Estas políticas han estimulado una movilización en contra por parte de lobbies financieros, económicos y mediáticos, así como amplios sectores de los grupos y clases dominantes que desean debilitar al tripartito catalán y cambiar el rumbo del Gobierno socialista, virando a la derecha para aliarse una vez más con la derecha catalana, tal como ocurrió en 1993. Y como siempre en la historia de España, los nacionalismos de los dos lados del Ebro se están utilizando para esconder intereses de clase. En este sentido, es un error de Zapatero haber dado protagonismo a la derecha catalana, presentando el acuerdo PSOE-CiU como "la columna vertebral del estatuto negociado", olvidándose de que Cataluña es un granero de izquierdas (que puso al PSOE en el poder) a las que no ha gustado tal protagonismo, sobre todo teniendo en cuenta que, como bien dijo el presidente de la Generalitat, los votos de CiU no eran necesarios para la aprobación del Estatuto (y todavía menos cuando tal voto requirió concesiones en los derechos sociales de la ciudadanía como las que impuso en la elaboración del Estatuto). Dar protagonismo a CiU para tranquilizar a los nacionalistas españoles, en contra de la izquierda independentista, es además de tener una enorme desconfianza hacia la mayoría de catalanes que nos sentimos españoles, reforzar a las derechas en Cataluña y en España y debilitar el primer Gobierno de izquierdas que Cataluña ha tenido en los últimos 67 año, diluyendo el compromiso de izquierdas del Gobierno español.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.