El fiscal propone confirmar la pena a dos etarras por la bomba en el tren Madrid-Irún

La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió ayer a la Sala de lo Penal que mantenga las penas de 2.775 años de prisión impuestas a los activistas de ETA Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Loran Lafourcade por la colocación de una bomba en el Intercity Madrid- Irún, el 24 de diciembre de 2003.

La Audiencia Nacional condenó el año pasado a los dos etarras a penas que totalizan 2.775 años -pero cuyo cumplimiento no podrá exceder de 40 años- por delitos de pertenencia a banda armada, 184 homicidios terroristas en grado de tentativa (por las personas que viajaban en el tren) y un delito continuado de daños (por dos bombas que colocaron en dos línea férreas, una de las cuales estalló y la otra fue desactivada).

El fiscal del Supremo Antonio Barranco afirmó que la bomba podía haber explotado y provocado víctimas mortales antes del supuesto aviso que los terroristas iban a dar, bien a causa del movimiento del tren, por la colocación de un peso encima de la maleta que contenía la bomba o de una descarga eléctrica de la tormenta que se registró ese día.

Además, no consideró acreditado que los terroristas tuvieran intención de avisar de la colocación de la bomba y dijo que incluso aunque se hubiese producido el aviso no se habría eliminado toda posibilidad de riesgo para las personas, pues ese día era Nochebuena, la estación de Chamartín se encontraba repleta de gente y en último término, el artefacto también podría haber explotado afectando a los técnicos en desactivación de explosivos.

El fiscal rechazó que los hechos puedan calificarse como un delito de tentativa de estragos terroristas, como sostuvo la defensa, y se opuso a una reducción de tiempo máximo de cumplimiento de 40 a 30 años.

Delito de estragos

La abogada de los etarras, Ainhoa Baglietto, insistió en que la intención de los etarras era la de dar un aviso previo de la colocación del artefacto, como lo prueba, según dijo, de que la hora de la explosión estaba fijada para las 15.55 y la llegada del tren estaba prevista para las 15.25, por lo que los pasajeros habrían tenido tiempo de abandonar el tren Intercity.

Reiteró que los etarras tenían previsto avisar a los medios de comunicación y dijo al tribunal que la finalidad del atentado era destruir la estación de Chamartín y no la muerte de las personas que estaban en la estación, por lo que pidió al alto tribunal que considere los hechos como un delito de estragos en grado de tentativa.