Los familiares de las 18 víctimas de Todolella critican la lentitud judicial

"Que se haga justicia y si hay culpables que lo paguen", dijo ayer Vicente, padre de Patricia Jiménez, una de las 18 víctimas que perdieron la vida en febrero de 2005 en un albergue situado en el municipio castellonense de Todolella por inhalación de monóxido de carbono. Unas 300 personas, entre familiares y amigos de las víctimas, se concentraron ayer en el centro de Valencia para exigir una instrucción judicial "completa" y recordar a los fallecidos un año después de la tragedia.

"Estamos tristes y a la vez contentos por la gente que se ha sumado a nuestra causa. Esto no es un acto de solidaridad, sino un grito desgarrado hacia la justicia, para que se pongan los medios y no se repitan tragedias como ésta", agregó Javier Menero, portavoz de la Asociación de las Familias Víctimas de La Todolella.

La asociación pide responsabilidades a la Generalitat y al Ayuntamiento por permitir la celebración de una fiesta cuando, según las diligencias administrativas, el albergue carecía de licencia de apertura y funcionamiento. Los familiares se quejan de la lentitud de la instrucción y exigen la declaración de los dos supervivientes, así como de nuevos testigos, entre ellos, el alcalde de Todolella, Alfredo Querol.