El fiscal estudia acusar a los tres ediles que se opusieron a una tala

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, elevará a la junta de fiscales decanos la decisión de acusar o no a los tres ediles del PSOE e IU denunciados por la Policía Municipal por tratar de impedir una tala de árboles con motivo de las obras de reforma de la M-30 a su paso por el paseo de la Virgen del Puerto. Los ediles acusados son Inés Sabanés, de IU, y los socialistas Óscar Iglesias y José Manuel Rodríguez.

Más de 300 vecinos de Virgen del Puerto intentaron el pasado 20 de julio, abrazados a los árboles y respaldados por tres ediles de la oposición, paralizar la tala de 60 acacias que había en la zona y que el Ayuntamiento decidió eliminar porque obstaculizaban las obras de la M-30.

La Policía Municipal intervino para dispersarlos, vecinos y concejales se resistieron y el resultado fueron tres detenidos y seis heridos (tres residentes y tres agentes). Tras los incidentes, la oposición exigió el cese del edil de Seguridad, Pedro Calvo, y del inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, como responsables de la, según los ediles afectados, "carga brutal" que empleó la policía contra ellos y los vecinos.

Calvo negó tal carga e indicó que la policía iba a denunciar a los tres ediles de PSOE e IU por "incitación al desorden público" y "resistencia a la autoridad". La denuncia en los juzgados de la plaza de Castilla la interpuso finalmente el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Luis Morcillo, contra los concejales que participaron en la protesta: Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida, y los socialistas Óscar Iglesias y José Manuel Rodríguez. Tras los incidentes, PSOE e IU pidieron formalmente la dimisión del concejal de Seguridad por "mentir" al negar que los policías usaron armas no reglamentarias contra ellos.

Dudas entre los fiscales

Ahora, el fiscal jefe tiene que decidir si, al hilo de la denuncia del jefe de la Policía Municipal, acusa o no a los ediles. Para ello, Moix reunirá en las próximas semanas a la junta de fiscales decanos para que sean éstos los que se pronuncien. Si la opinión de la junta, en uno u otro sentido, es mayoritaria, el fiscal jefe la acatará y actuará en consecuencia. Fuentes jurídicas sostienen que la actitud de los ediles puede ser constitutiva de una infracción penal porque desobedecieron a la policía; y añade que, aun siendo unos policías locales y otros concejales del mismo Ayuntamiento, los primeros estaban allí revestidos de autoridad, y los concejales no.

Fuentes cercanas al fiscal jefe afirman que éste es partidario de presentar acusación contra los ediles, aunque aún no tiene claro si hacerlo como falta o delito. No hacerlo así significaría desposeer de su autoridad a los agentes de la Policía Municipal, quienes, a su vez, cumplían legítimas órdenes de quien está facultado para darlas, señalan fuentes jurídicas, que añaden: "Si queda impune la conducta de los ediles, supondría, además, dar carta de libertad para que cualquier concejal impida una actuación municipal y no haga caso a la policía".

Otros fiscales, en cambio, sostienen que la actuación de los ediles se enmarca dentro de una actuación política, y que en ese contexto no cabe aplicarles el Código Penal.