Treinta años esperando justicia

Después de extraerle del cráneo una bala del calibre 9 que le había entrado por la nariz provocándole una hemorragia cerebral y un choque traumático, el forense escribió en su informe que la causa de la muerte de Norma Menchaca se había debido "al parecer" al disparo de un arma de fuego.

Han pasado 30 años y a Roberto Fernández, uno de los tres hijos de Norma, se lo siguen llevando los diablos cuando vuelve a leer ese "al parecer", que al fin y al cabo es un retrato de lo que sucedió en Santurtzi (Vizcaya) aquel anochecer del 9 de julio de 1976. Él tenía 19 años, y su madre, 42. Roberto bajaba por la calle del Capitán Mendizábal al frente de una manifestación que pedía la amnistía de los presos políticos y ella participaba junto a sus vecinas en la fiesta de la sardina. Franco ya llevaba casi un año muerto, pero la noticia no había llegado aún a muchas comisarías; así que cuando Roberto se cruzó con su madre en la calle, le dijo: "Vete para casa que va a haber follón".

Roberto siempre tuvo claro que su madre había sido víctima de un atentado de la extrema derecha, que había actuado en connivencia con las fuerzas de orden público

Un instante después, seis hombres que habían fingido estar participando en la fiesta, vestidos algunos de ellos con la ropa clásica de pescador -camisa azul y pañuelo de cuadros al cuello-, sacaron sus armas y se pusieron a disparar contra los manifestantes. Se trataba de guerrilleros de Cristo Rey y de guardias civiles, aunque no hubo investigación oficial ni interés alguno en aclararlo. Una de aquellas balas mató a Norma Menchaca.

Lo que su hijo Roberto vivió después, y que guarda en la memoria con más nitidez que lo acontecido ayer mismo, se parece bastante a lo que sufrieron otras muchas familias en una época donde el pasado se resistía a desaparecer. Sólo en los cuatro años que transcurrieron desde la muerte del dictador hasta el final de 1979, más de 40 personas murieron mientras participaban en manifestaciones políticas o laborales. La cifra asciende casi al centenar si se incluyen los que fueron blanco de la munición oficial en controles policiales o en acciones muy cercanas al terrorismo de Estado.

"Después de que mi madre cayera muerta", recuerda Roberto en su casa de Santurtzi, "la gente se echó sobre los que habían disparado, que se tuvieron que refugiar en el Ayuntamiento. La Policía Armada rodeó el edificio. A las cuatro de la madrugada llegó un Land Rover de la Guardia Civil y se los llevó. Todos sabíamos que entre los que habían disparado sin ton ni son se encontraban guardias civiles y ultraderechistas. A uno de ellos, un guerrillero de Cristo Rey muy conocido en el pueblo por el apodo de Chape, me lo encontré en la puerta del Gobierno Civil cuando fui a pedirle explicaciones al gobernador. Salía de allí, tan campante. Le dije al gobernador: "Deténgalo, que él fue uno de los que mataron a mi madre. Por poco me detienen a mí". La versión oficial fue que había sido un accidente. La policía tomó el pueblo. Llegaron más de 2.000 antidisturbios y se desplegaron por las calles y el cementerio. También cortaron las carreteras para que no pudiera llegar nadie. Fui al hospital de San Juan de Dios, donde habían depositado el cuerpo de mi madre después de la autopsia, y las monjas me dijeron: "Roberto, acaba de venir la Guardia Civil. Han cogido el cadáver de tu ama y lo han metido en un furgón". Se la habían llevado al cementerio para enterrarla a prisa y corriendo, en secreto, sin nuestra autorización. Seis meses después, cuando fui al juzgado para ver los informes sobre la muerte de mi madre, un funcionario me dijo que habían desaparecido misteriosamente...

Roberto siempre tuvo claro que su madre había sido víctima de un atentado terrorista de la extrema derecha, que había actuado en connivencia con las fuerzas de orden público. Pero primero el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao y más tarde la Dirección General de la Policía se mantuvieron firmes en la versión oficial: "El fallecimiento de Norma Menchaca no fue como consecuencia de atentado terrorista, sino por enfrentamiento ocurrido entre manifestantes".

Sólo ahora, casi 30 años después, el Tribunal Supremo ha terminado dándole la razón a Roberto. "Y todo ha sido", dice, "gracias a la labor de Koldo Usín [ex parlamentario vasco de Izquierda Unida] y de la abogada Virginia Díaz. Ellos tuvieron claro desde el principio que mi madre tenía el mismo derecho a ser reconocida como víctima del terrorismo que una persona asesinada por ETA o fallecida en el 11-M".

Alarma social

De hecho, la Audiencia Nacional sentenció en abril de 2002 que Norma Menchaca tenía que ser considerada víctima del terrorismo con arreglo a la Ley de Solidaridad con las Víctimas.

"Quedaba claro", explica la abogada Virginia Díaz, "que el asesino o los asesinos de Norma actuaron con la clara finalidad de crear alarma social y alterar la paz y la seguridad ciudadana, y que todo aquello tenía un fin muy claro: poner en peligro la recuperación de las libertades y el sistema constitucional". Sin embargo, la sentencia fue recurrida por el abogado del Estado durante la última etapa del PP en el Gobierno. Ha sido ahora cuando, finalmente, el Supremo ha dado por concluido un camino que la familia de Norma emprendió hace 30 años.

Durante el periodo de la transición hubo muchos casos parecidos al de Norma Menchaca. La sentencia abre una puerta para que tanto las personas que fueron asesinadas (los abogados laboralistas de Atocha, el estudiante Carlos González o el trabajador de EL PAÍS Andrés Fraguas) como las que sufrieron secuelas físicas o psíquicas reciban un justo, aunque tardío, homenaje. "Por eso", añade la abogada Virginia Díaz, "es imprescindible que se abra un plazo extraordinario que permita ampliar la condición de víctimas del terrorismo a todas aquellas personas que no han podido verse protegidas por la ley".

Roberto está deseando tirar a la basura el papel donde un forense obediente puso "al parecer" para no molestar a la autoridad. Por contra, guardará para siempre el recuerdo de aquel ordenanza que, al registrar su entrada en el Gobierno Civil, escribió la verdad sin miedo tras su nombre: "Roberto Fernández. El hijo de la mujer asesinada en Santurce".