Seis ex directivos de Ferrocarrils cobraron 2,6 millones con un plan de pensiones irregular

El Parlament sigue investigando. Quiere saber si el reparto de un fondo creado de modo irregular en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat durante los gobiernos de CiU es constitutivo de delito. El primer paso fue comprobar, vía Sindicatura de Cuentas, la irregularidad. El segundo, ver cómo se repartió el dinero. Lo hizo de un modo muy desigual: de los 15 directivos que cobraron, uno superó el millón de euros, otro percibió casi medio millón y cuatro recibieron entre 200.000 y 300.000 euros. La suma de las percepciones de los seis que más cobraron supera los 2,6 millones de euros.

El plan de pensiones fue contratado en el año 1991 y liquidado en 2001 con la aseguradora Winterthur y sin dar conocimiento de él al Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat. Fuentes cercanas al equipo directivo anterior entienden que no se puede hablar de ilegalidad ya que las cantidades nunca fueron ocultadas a la intervención del Gobierno catalán, que, de haber detectado alguna anomalía, hubiera tenido que señalarlas.

El plan, sin embargo, fue anulado y el dinero repartido entre los beneficiarios. Tres de ellos, sin embargo, quedaron excluidos porque no había cotizado el tiempo suficiente. El resto, en general, fue cobrando su parte cuando dejaba la empresa por pasar a otra o por jubilación.

Un tercio de los 3,2 millones de euros fueron para el ex presidente Enric Roig, que fue destituido de su cargo por el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias. Fue sustituido por un amigo personal de Macias, Antoni Herce. Roig percibió un millón de euros al dejar la empresa. Herce también fue despedido por el actual presidente, Joan Torres. Previamente, Herce percibió 278.391 euros por el plan de pensiones. Además, como el despido fue improcedente, se llevó una cantidad más elevada en concepto de indemnización. A cambio renunció al blindaje de su contrato. En realidad, este blindaje era ilegal y fue uno de los motivos que llevaron al tripartito a prestar especial atención a la situación financiera de Ferrocarrils de la Generalitat y a poner el caso, finalmente, en manos de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas.

Pero hubo personas que cobraron incluso más que el ex presidente Herce. Al menos, dos. Una de ellas fue el responsable de Personal, Josep Lluís Portabales, que percibió 457.124 euros en mayo de 2000, cuando abandonó la empresa. El otro es el jefe de Mantenimiento, Josep Lluís Arqués, que sigue en la empresa y desempeña la misma función. Arqués cobró 289.264 euros.

Arqués no es el único alto cargo de la época de CiU que sigue en la empresa tras haber percibido el dinero del plan de pensiones. En su misma situación están Albert Tortajada, que es el responsable del área de explotación y que ha sonado recientemente como hipotético futuro subdirector general, y Josep Verdaguer, que era y es asesor jurídico. Ninguno de los tres quiso aportar ayer su versión de los hechos. Tortajada percibió 105.240 euros, y Verdaguer, 110.910.

Hay dos directivos más que percibieron cantidades por encima de la media. Uno de ellos es Miquel Llevat, que ahora trabaja en una empresa privada que proyecta entrar en el sector ferroviario. Llevat, que era director general de Ferrocarrils y que abandonó la empresa por falta de entendimiento con Herce, cobró 225.112 euros. El otro es Andreu Ribera, que se ocupaba de los negocios de montaña (las estaciones de esquí que por motivos históricos han acabado siendo explotadas por Ferrocarrils). Ribera, que dejó la empresa en marzo de 1994, percibió 254.573 euros.

El contrato entre Ferrocarrils y Winterthur se negoció cuando era presidente de la empresa pública Alber Vilalta, que luego fue consejero de Medio Ambiente con CiU y secretario de Infraestructuras con el PP. Vilalta no intervino ni se hizo plan alguno.

En los últimos años de CiU, Ferrocarrils de la Generalitat fue una empresa en el punto de mira de la oposición, que sospechaba que tenía unos comportamientos financieros nada ejemplares. El actual secretario de Movilidad, Manel Nadal, había presentado diversas preguntas al respecto sobre su actividad, en especial, ante la construcción del cremallera de Montserrat, que acabó costando14 millones más de los 42 inicialmente previstos.