Convenios inconvenientes

Vi el reportaje, hecho famoso gracias al Consell, Construcción sin límites, emitido en el programa de Informe semanal de TVE el pasado 14 de enero. No me pareció nada escandaloso, sino más bien tibio. En cualquier caso, se trata de cuestiones subjetivas. Lo que para algunos son informaciones que perjudican a nuestra economía turística y a la sociedad valenciana, para otros es el silencio cómplice que practica Canal 9, por ejemplo, lo que favorece la impunidad de actuaciones depredadoras con el paisaje que traerán, a la larga, la pérdida de competitividad turística. Desde esta perspectiva, el toque de atención del Parlamento Europeo y el reportaje de TVE, de indudable actualidad, son extraordinariamente positivos como detonantes de un ejercicio de reflexión sobre el curso de nuestro desarrollo urbanístico que reclamaba urgencia. Resulta exagerado y está fuera de lugar en una sociedad democrática, el barullo que el Gobierno valenciano ha montado después. El conseller de Territorio y Vivienda apareció tres veces y, si bien defendió su política y apostilló sobre la sensibilidad de un sector, el de la construcción, con enorme capacidad de arrastre en la economía, expresó en público cierta autocrítica y reconoció que las cosas se podrían haber hecho mejor, lo cual es de agradecer. Al gerente de la Asociación de Promotores y Constructores pudimos verlo por lo menos en dos ocasiones -"oye tú, te compré un apartamento por 20 millones de pesetas y ahora me ofrecen 50", fue el argumento enjundioso demostrativo de su esencia de creadores de riqueza que al parecer debe legitimar cualquier desmán, y con el que se puso fin al reportaje-. Lo que debió molestar tanto al Gobierno valenciano es que entre las voces en contra de su política se oyera la de Joan Romero en calidad de catedrático de Geografía, cuando al PP le hubiera gustado que figurara como militante y ex secretario general del PSPV, que también lo es. Nada del otro jueves por otra parte.

Pero lo que me gustaría señalar aquí es la reacción del Consell de exigir a TVE una rectificación. Aunque lo que piden no es exactamente eso. En realidad quieren que TVE emita una rectificación realizada por la Generalitat, lo que es inaceptable desde cualquier punto de vista, un vídeo elaborado por el Gobierno valenciano que, según quienes lo han visto, refleja parajes idílicos de la geografía valenciana y un puñado de opiniones complacientes con la política urbanística seguida en la última década. Da igual cuál sea el contenido de ese vídeo. Lo que resulta obvio es que no se puede imponer a un medio de comunicación público, ni tampoco a uno privado si aspira al prestigio necesario para participar en el pastel de la audiencia, que pase como información un producto realizado por profesionales ajenos a la casa que pueden presumir de todo menos de independencia. Una vez más el Consell descuida eso tan importante en política que es guardar las formas. La prepotencia de los políticos de la Generalitat no acaba ahí. Envía el vídeo junto a la amenaza de revisar el convenio, firmado con RTVE en mayo de 2005, un convenio puesto en su día en entredicho por los propios trabajadores del ente público, precisamente por abrir la puerta a que un gobierno autonómico pueda influir en los contenidos informativos. Gracias a dicho acuerdo el Centro territorial de TVE ocupa, sin pagar alquiler, un edificio propiedad de la Generalitat en el municipio de Paterna y recibe una subvención de 600.000 euros anuales. Que no pague alquiler y reciba dinero no significa que el convenio salga gratis para el grupo televisivo, por supuesto, y de ahí la debilidad de RTVE. Las contraprestaciones se determinaron en especie, con una redacción ambigua, y afectaba a la obligación de TVE a ceder a Canal 9 derechos de emisión de los contenidos relativos a la Copa del América, favorecer la financiación de productos audiovisuales valencianos y asegurar de alguna manera la emisión de información considerada de interés público por la Generalitat Valenciana. Los refranes son sabios y hay uno que dice que quien paga, manda, así que ese convenio tan desafortunado es suficiente para que el Consell, propenso a ejercer el control sobre los medios, se crea con derecho a influir en la elaboración y emisión de noticias que afectan a la Comunidad Valenciana.

Naturalmente, ante tan burda conducta, a TVE sólo le cabe sino reafirmarse en sus principios teóricos de que la información emitida no es pieza de cambio en acuerdo alguno. Lo contrario supondría hacerse el haraquiri. El ente público debería hacer algo más: mostrar disposición a pagar el alquiler de los locales que ocupa y deshacerse de cualquier compromiso que ponga bajo sospecha sus relaciones con los gobiernos autonómicos, del signo que sean. Éstas conviene mantenerlas dentro de un marco de respeto e independencia mutua.

María García-Lliberós es escritora.