Pactos, qué pactos

La política y la meteorología valenciana deben tener algún inexplicable nexo en común. Tan pronto nos aburrimos y agostamos por la invisibilidad de nuestros representantes públicos y la escasez de lluvia, como nos inquietamos y desesperamos por la frenética actividad de los unos o por las cataratas de agua que acaban convertidas en riadas. Ya lo dice Raimon "al meu país, la pluja no sap ploure", y Joan Fuster dejó escrito Un país sense política, que es lo mismo que decir un pueblo sin políticos. Y en estas estamos, pasando del alfa del consenso, los brindis y los premios de convivencia por un Estatut pactado entre el PP y el PSPV, al omega del Apocalipsis y la ruptura de toda relación porque los socialistas quieren modificar dos aspectos de un total de 92 artículos, referidos a la reducción de la barrera del 5% al 3% para tener presencia en las Cortes Valencianas y al mantenimiento del texto de 1982 por lo que concierne a la lengua de los valencianos.

Propuestas tan revolucionarias han sido contestadas desde las filas del PP con la munición de grueso calibre que utilizan de continuo para abatir cualquier pieza, sea un mosquito o un elefante. Aunque en honor a la verdad, hay que reconocer que antes de empezar a disparar, el Consell advirtió de que los pactos -la firma del Estatut- estaban para cumplirse. Desafortunadamente el Gobierno valenciano no tiene gran credibilidad en este terreno. Francisco Camps tiene una muy particular manera de interpretar los acuerdos que alcanza e, incluso, los que él mismo propone. En el caso del Estatut, puesto que de ello hablamos, el PP se comprometió a modificar la ley del Consejo Jurídico Consultivo, a la puesta en marcha del Consejo del Audiovisual y a un mayor pluralismo en Canal 9. De los tres compromisos, sólo ha cumplido el primero. Del segundo mejor no hablar y del tercero, cualquiera que se asome a la pantalla de la televisión valenciana comprobará en qué ha quedado. No es el PP, ni su presidente, el más adecuado para reclamar a nadie el cumplimiento de acuerdo alguno. El líder de la oposición lo sabe porque se ha sentido engañado en varias ocasiones.

Al engaño, tan habitual en política, el PP valenciano le añade un grado más hasta llegar a la falsedad cuando quiere hacer ver que las modificaciones que los socialistas pretenden introducir en el Congreso de los Diputados son el precio que hay que pagar a Esquerra Republicana de Catalunya y a Convergència i Unió por el acuerdo alcanzado en el estatuto catalán. De nuevo el fantasma del anticatalanismo más ramplón. ¿Cómo es posible que un texto redactado en 1982 sirva de moneda de cambio para un pacto de 2006? La magnitud de la falsedad sólo tiene una razón de ser: mantener una estrategia de la tensión para enfrentar y dividir a los valencianos, con el único objetivo de servir a intereses partidistas desde un gobierno que debería ser de todos. No es casual que los voceros populares centren su discurso en una cuestión simbólica que debería quedar al margen tras la puesta en marcha de la Acadèmia. Otro gran pacto que el PP ha roto sin el menor rubor. Y tampoco es casual que los populares ignoren, en su oposición a cambiar una coma del Estatut, la supresión de la barrera del 5%. Les molesta que se les eche en cara su negativa a ampliar la representatividad de los valencianos en las Cortes y les resulta difícil explicar semejante decisión ante la opinión pública.

El PP juega con ventaja y oportunismo. De un lado, agita la división social con los argumentos de la extrema derecha -¡desde el Consell!- De otro, sostiene, con razón, que no se puede modificar el Estatut desde Madrid contra la voluntad mayoritaria de las Cortes Valencianas y contra el Consell. Éste es el punto más débil de la argumentación de Pla. Difícilmente se puede modificar nada sin la aquiescencia del PP valenciano, no se entendería. Pero tampoco se comprende su oposición cerrada a introducir unos cambios que aumentarían el consenso sobre la norma básica de los valencianos. Su rechazo tiene otras raíces que nada tienen que ver con los pactos ni con un supuesto pago por el acuerdo en el estatuto catalán. Al menos que no engañen.