Incendios forestales: la culpa, ¿de quién?

Una vez entrado el otoño, y cuando, más o menos, ya hemos pasado la página de los incendios forestales, empiezan a escucharse opiniones de toda clase y condición interpretando lo sucedido, aclarando causas y ofreciendo soluciones. Ahí va un ejemplo más, que obliga a cuestionarnos si hemos aprendido algo de un año a otro, o si seguimos en las mismas. Y mucho me temo que seguimos en las mismas.

En lo que va de año -concretamente hasta principios de septiembre- han ardido en España más de 153.000 hectáreas de superficie forestal, de ellas más de 66.000 arboladas y cubiertas en gran parte de pinares. Aun no habiendo sido éste el peor de los últimos años, qué duda cabe de que la cifra es escalofriante. Pues bien, en relación con este hecho leo con estupor el magnífico artículo de Clemente Álvarez (El País Semanal. Domingo 16 de octubre de 2005), en el que se refleja las críticas que se lanzan contra la tan traída y llevada conífera por su naturaleza altamente combustible, dado que "no hay un género de árbol más abundante en el país, ni ninguno que arda más y mejor". El autor, además de subrayar que hace 18.000 años el pino existía ya en la Península Ibérica -repoblaciones recientes aparte-, realiza una laudatio del denostado pino, por razones interesantísimas pero que escapan ahora al presente texto.

Lo que verdaderamente llama la atención, y a eso es a lo que voy, es el hecho de que seamos capaces de "salirnos por las ramas" con semejantes alegaciones y aun teniendo a la vista un problema de la magnitud, en sí, de los incendios forestales. Es cierto que, de estar integrada nuestra superficie forestal por especies menos "pirófitas", el problema sería posiblemente de menor entidad. Ahora bien, plantearse la sustitución de esa masa arbórea integrada por 1.900 millones de pinos que puebla el país, alegando que el pino es altamente combustible, es tan irreal como espantosamente kitsch. También las altas temperaturas en verano propician los incendios y a nadie se le ocurre pedir la desaparición del verano o reclamar una nueva glaciación.

Lo cierto es que la casuística, a la hora de explicar el incremento de incendios forestales, es compleja, diversa y dispersa. Tiene que ver con el abandono de los espacios forestales, con el cambio de costumbres de la población, con la negativa a asumir que el bosque sigue desempeñando un cometido esencial al proveer de oxígeno y de esparcimiento a una sociedad cada vez más urbanita. Pero, sobre todo, ese incremento es indicativo de la falta de respeto y ausencia de conciencia hacia algo que es patrimonio común.

Como jurista, me encuentro con supuestos, algunos terriblemente tristes y otros que, de no ser por el drama que conllevan, provocan hasta sorpresa por su carácter incluso novelesco. Todos ellos, sin embargo, son indicativos de un absoluto desprecio por la naturaleza, tanto por comisión como por omisión. Los incendios para aprovechamientos madereros, por motivos urbanísticos o para obtener pasto están a la orden del día en Galicia. Permanecen frescos en la memoria los recientes incendios intencionados para la obtención de pastos en la comarca zamorana de Sanabria. Respecto a actitudes negligentes hay ejemplos de todo tipo: incendios provocados por arrojar colillas encendidas (Palencia, Sevilla) o por hacer fuego en zonas de peligro, de lo que es exponente el triste caso de la barbacoa en la provincia de Guadalajara o por la quema de rastrojos, que da lugar a incendios prácticamente en todo el país. Ha habido también incendios ocasionados por lo que parecen ser ritos de espiritismo o vudú en Dilar (Granada) u ocasionados como consecuencia de un ritual con velas, coincidiendo con el solsticio de verano, en Altea (Alicante); otro incendio fue provocado por dos estudiantes en Villaviciosa de Odón (Madrid), al quemar los apuntes de Derecho comunitario, asignatura que uno de ellos acababa de aprobar. Supuestos, estos últimos, dignos de ser incorporados a aquella famosa sección denominada Celtiberia Show, de la ya desaparecida y prestigiosa revista Triunfo. Todo ello sin olvidar a las Autoridades que toleran que se edifique o que se paste en terrenos que han sufrido previamente incendios, habiendo la obligación de prohibir tales actividades, pues con ello inducen a que los incendios sigan produciéndose.

Paradójicamente, en Soria, donde existe una de las mejor conservadas masas forestales del país, apenas hay incendios. Y no hay incendios porque en poblaciones como Vinuesa, Abejar, Covaleda, Cabrejas, etcétera, su ciudadanía se beneficia económicamente de la explotación de sus montes, a través de la conocida como "pinada", suerte de montes o "aprovechamiento forestal", y que en ocasiones importa cantidades superiores a los 3.000 euros por ciudadano y año. Es evidente, pues, que cuando no se quiere, los incendios no se producen.

Posiblemente el modelo soriano no sea aplicable al resto del país por razones que a nadie se le escapan, pues las diferencias que caracterizan la geografía española son, en muchos casos, complejas y extremas. De cualquier modo, es un modelo a tomar en consideración.

Mientras tanto, y como forma de mentalizarnos de la importancia trascendental que tienen los bosques, quizás debiéramos ser conscientes de su relación inmanente con el agua, cuya carencia tantos y tan grandes problemas nos ocasiona. No hace mucho, tuve oportunidad de acceder a un estudio en que se ponía de manifiesto que 25 metros cuadrados de bosque suponen tres toneladas de cobertura vegetal, que permiten a su vez la retención, para los acuíferos, de 150 litros de agua por año. Partiendo de estos datos, una sencilla operación de cálculo nos permite determinar grosso modo que la cantidad de agua que deja de acceder a los acuíferos por el incendio de las 66.000 hectáreas arboladas ronda la cifra de los cuatro millones de hectolitros. Si a ello añadimos que el resto de superficie quemada tiene también capacidad de retención de agua, aunque en menor cantidad, no cabe sino concluir que este año se va a perder una escandalosa cantidad del preciado líquido a causa de los incendios.

Estoy de acuerdo en que la normativa ambiental no debería ser un código de prohibiciones, sino la expresión de una pauta higiénica de cordura. Ahora bien, visto lo visto, ¿quedan otras opciones disponibles?

Antonio Vercher Noguera es fiscal del Tribunal Supremo