Barcelona espera cobrar el 85% de las sanciones de la nueva ordenanza

Una unidad administrativa de nuevo cuño adscrita al Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento centralizará todo el proceso y la gestión de la aplicación de la ordenanza de convivencia y civismo que hoy entra en vigor en Barcelona. Con ella se espera conseguir liquidar el 85% de las sanciones económicas que se impongan, porcentaje que, por ahora, sólo se alcanza con las multas de tràfico.

Uno de los problemas que se producían hasta ahora era que las sanciones por conductas incívicas, por ejemplo, seguían un periplo administrativo complicado que motivaba en la práctica que apenas se cobrarán el 20% de ellas. Ahora responsables municipales creen que con una unidad específica se podrá liquidar lo mismo que con las multas de tráfico: el 85%. A ella estarán adscritos tres abogados y funcionarios municipales.

Las 0.00 horas de hoy, la medianoche, ha sido oficialmente el punto de arranque de la aplicación de la nueva ordenanza, un instrumento que pretende poner coto a actitudes incívicas y ciertos fenómenos urbanos que se han acentuado en los últimos años, como la prostitución callejera y la mendicidad organizada que actúa con coacción.

El nuevo texto persigue conductas más variopintas - desde los graffiti a la venta ambulante, los juegos malabares y los skates- e impone sanciones más elevadas, a la vez que introduce la realización de trabajos en beneficio a la comunidad como sustitución de algunas faltas a indicación de la Administración, no del afectado, y nuevas modalidades para liquidar las sanciones, como el pago inmediato.

Al infractor le supondrá una rebaja importante de la sanción -de hasta el 75% - si la hace efectiva antes de 24 horas, antes de que se inicie el procedimiento sancionador habitual. La tramitación rápida se podrá hacer en todas las oficinas de la Guardia Urbana en horario de día y en las de Ciutat Vella, el Eixample, Sarrià y Sant Andreu durante la noche. "Creemos que habrá personas multadas que preferirán liquidar la sanción inmediatamente antes de que se reciba la notificación en el domicilio", señalaba ayer la regidora Assumpta Escarp. El pronto pago no paraliza los recursos contra las sanciones. Si se produce un daño al mobiliario urbano, por ejemplo, el sancionado deberá pagar la multa y el coste de la reparación.

La aprobación de la ordenanza estuvo rodeada de polémica social y política, hasta el punto de quebrar la cohesión del tripartito municipal con el voto en contra de Iniciativa per Catalunya. La norma fue aprobada por el PSC, ERC y CiU. La formación nacionalista exigió ayer la aplicación inmediata de todo el articulado. Y para el alcalde, Joan Clos, la efectividad de la ordenanza se ha convertido en una de las prioridades de lo que resta de mandato municipal. En números, supone un gasto de 28 millones de euros.