La llegada de menores inmigrantes a Andalucía creció un 80% en 2005

Andalucía, como frontera sur de Europa, está obligada a gestionar fenómenos novedosos como la llegada de menores inmigrantes. Los recursos, sin embargo, no crecen al mismo ritmo que los tráficos. "Esta autonomía sola no puede, además de las visitas, la Unión Europea tiene que poner medios", reclamó ayer el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo. En 2005, los centros de menores recibieron 1.837 nuevos ingresos de extranjeros.

Los datos definitivos sobre las asistencias a menores extranjeros en los centros de protección de Andalucía durante el año pasado muestran un crecimiento desmesurado. Los 1.837 nuevos ingresos significaron un incremento del 80% en relación con 2004, cuando las llegadas de nuevos menores ascendieron a 1.023. En total, sumadas las personas ingresadas en el año anterior, se atendieron a 2.323 menores (1.284 en 2004).

El auge del fenómeno desbordó por completo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que se vio obligada a diseñar un plan de emergencia -activado en siete ocasiones- y que incluso llegó a recurrir de forma provisional a unas dependencias portuarias en Almería para alojar a unos menores desembarcados en octubre. "Llegará un momento en que sea insostenible la atención", alertó ayer la consejera para la Igualdad, Micaela Navarro. "La atención que se presta en Andalucía es idónea, pero no significa que se pueda hacer de forma ilimitada", agregó.

En la clausura de un encuentro comunitario sobre menores extranjeros, celebrado en el Parlamento andaluz, Navarro defendió la actuación en los países de origen de los inmigrantes para frenar la salida de los menores.

La consejera aseguró que no iniciarán expedientes de repatriación sin garantías para el menor, pero reiteró que "ningún sitio es mejor para un menor que su familia". La titular de Justicia, María José López, indicó, por su parte, que alrededor del 10% de los 757 menores que están en centros de reforma son de procedencia extranjera (los marroquíes son 51). "Nuestro gran reto es reeducar y resocializar", destacó.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, precisó que "la idea del retorno" debe afrontarse "con garantías". "No podemos precipitarnos aunque es una idea a valorar la creación de redes asistenciales en los países de origen", indicó.

Al igual que la consejera, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, precisó que la atención de la inmigración de menores, a la vista de las cifras alcanzadas, no puede depender sólo de la comunidad autónoma. "La UE, además de las visitas, que está todo el día visitando, también tiene que poner medios", reclamó.

A juicio de Chamizo, las familias marroquíes recurren a sus menores para tratar de resolver su situación económica en el futuro, aprovechando la protección legal que impide la devolución inmediata de los menores, a diferencia de lo que ocurre con los adultos que son detenidos tratando de entrar ilegalmente. "La solución está en los programas de cooperación y desarrollo", explicó. Chamizo cree que estas inversiones deben ir dirigidas a lograr que "los menores y sus familias tengan un futuro".

La Junta tiene previsto financiar la construcción de centros de menores en Marruecos, con el objetivo de que las devoluciones se puedan realizar con frecuencia y garantías. La Administración andaluza se queja de que desde 2003 no ha recibido luz verde para devolver a ningún menor. En la actualidad, están pendientes de 268 expedientes que han remitido al Ministerio del Interior para que ponga en marcha los procedimientos de devolución.