Gallardón prepara una ordenanza que evite el hacinamiento de inmigrantes en pisos

El Ayuntamiento prepara una nueva ordenanza que limitará el número de personas que pueden vivir en un determinado tipo de vivienda. Para hacerlo, primero tiene que pedir al Gobierno central que cambie el reglamento del padrón, que ahora permite empadronarse a un número ilimitado de personas en un mismo domicilio. La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, explicó ayer que ese cambio legal es necesario para impulsar el plan de acción en el centro urbano, porque muchas viviendas ruinosas que el Ayuntamiento se plantea rehabilitar, previo realojo de los inquilinos, sirven de cobijo a familias enteras -inmigrantes en muchos casos- que viven hacinadas. Urbanismo ha detectado un núcleo de infravivienda en Lavapiés: 5.700 casas (3.600 de ellas, infraviviendas) en un espacio en el que sólo caben 3.400.

Una de las promesas que hizo el hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante la campaña electoral de 2003 y que después incorporó al Plan de Acción de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras para la Revitalización del Centro fue la recuperación de "manzanas enteras" de infraviviendas que, afirmó, habría que rehabilitar o incluso expropiar para tirarlas abajo y construirlas de nuevo. Dos años después de aprobar ese plan, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo han identificado el "principal núcleo de infravivienda" en Lavapiés (barrio de Embajadores, distrito Centro), según explicó ayer la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón.

Se trata de 28 manzanas "en el entorno de las calles de Cabestreros y Santa Isabel" y que suman 5.700 viviendas en un espacio en el que sólo cabrían 3.300. "Sufren distintos grados de deterioro, pero en un primer estudio hemos podido ver que el 63%, es decir, 3.621 casas, son directamente infraviviendas: no cumplen los requisitos mínimos de tamaño y ventilación, o tienen los servicios en lugares comunes, en pasillos o patios. Hay casas de 12 metros, y otras en las que las condiciones de habitabilidad son nulas. Algunas podrán rehabilitarse, otras habrá que tirarlas. Pero aún tenemos que hacer un estudio en profundidad, entrar a ver casa por casa", afirmó Lobón.

En esas 5.700 viviendas viven más de 11.200 personas -11.244 según el padrón consultado por los técnicos el año pasado-, a las que Urbanismo tendrá que realojar si las obras de rehabilitación obligan a ello. El Ayuntamiento ya determinó en 1997 la existencia de 2.500 infraviviendas en Lavapiés, y a finales de 2003 sólo había erradicado 500.

A la hora de afrontar los realojos de cientos de personas, el Ayuntamiento se enfrenta a otro problema: el de tantas familias que viven hacinadas. Por eso, la concejal Pilar Martínez avanzó ayer que "antes de fin de año" estará lista una nueva ordenanza que, entre otras cosas, intentará poner coto a esa situación. "Se han detectado casos en la capital en los que hay más de 40 personas empadronadas en un mismo piso, y eso hay que solucionarlo", subrayó. El hacinamiento no sólo supone un peligro evidente para esas familias -"luego suceden hechos como los de Francia y nadie se hace responsable", dijo la concejal en referencia a los incendios en edificios ocupados por inmigrantes acaecidos el año pasado en el país vecino- sino también un obstáculo a la hora de desarrollar el programa de revitalización de viviendas en la almendra central prometido por Ruiz-Gallardón.

"Se puede dar la siguiente situación: nosotros identificamos un núcleo de infraviviendas que hay que rehabilitar. Hay que realojar a los inquilinos, pero en ocasiones nos encontramos que, como la ley lo permite, hay varias familias viviendo en la misma casa. ¿Qué hacemos, los realojamos a todos? Tenemos que buscar una solución a este problema, y no podemos hacerlo sin la colaboración de la Administración central", plantea la concejal.

Límites al padrón

El reglamento del padrón no fija actualmente ningún límite. Los Ayuntamientos están obligados a empadronar a todo el que lo pida en el domicilio en que lo solicite, aunque en esa casa viva ya una familia o varias, según confirmó un portavoz del Ministerio de Economía. "Lo único que dice ese reglamento es que el Ayuntamiento debe comprobar que el solicitante de empadronamiento vive efectivamente en el domicilio en el que dice vivir. En una ciudad como Madrid no podemos hacer esa comprobación con cada vecino, aunque sí mandamos a la Policía Municipal, para que haga una mínima investigación, cuando el número de empadronados en una vivienda supera la quincena", cuenta el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

Si se determina -lo cual tampoco es fácil- que alguna de esas 15 personas no vive donde dijo, se le puede denegar el empadronamiento. Pero si vive allí hay que concedérselo, aunque en la misma casa habiten 10, 20, 30 o 100 personas. "Es, obviamente, una locura. El reglamento se hizo hace diez años, cuando el volumen de inmigrantes y el problema de hacinamiento que sufren no era ni parecido a la situación actual. Por eso vamos a pedir al ministerio que modifique la normativa, para que el Ayuntamiento pueda fijar un máximo de habitantes por cada tipo de casa, en función de su tamaño y sus características", concluye Bravo.