La población reclusa de Cataluña no aumenta por primera vez en cinco años

La población reclusa catalana aumentó el año pasado en 205 internos. La cifra supone una cierta contención respecto al aumento desbocado que se había registrado desde 2001 y que situó las prisiones catalanas al borde del bloqueo. Los expertos no se atreven a explicar la estadística, pero lo cierto es que el número de reclusos preventivos se ha estancado. El 4 de enero había 8.299 presos y el 30 de diciembre de 2004 eran 8.094. Un año antes, la cifra era de 7.416 y el anterior, 6.294. Siguiendo con la moviola, al acabar el año 2001, la población reclusa era de 6.405 reclusos y el año anterior, 6.073.

La contención en el número de reclusos es más significativa si se tiene en cuenta que el año pasado entró en vigor la reforma del Código Penal, que castigaba como delito algunos hechos que hasta entonces eran falta en situaciones de violencia doméstica.

¿Cómo explicar la contención? Nadie se atreve a formular una hipótesis, ni siquiera el secretario de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle. "No nos atrevemos a hacer ninguna evaluación porque no se sabe si esta contención es circunstancial o no. Hay que esperar y analizar lo ocurrido", explica. Pero algunas cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, que el número de presos preventivos, es decir, que esperan juicio, se ha estancado. Al iniciarse este año eran 1.630 y al acabar 2004 sumaban 1.608. Un año antes, por ejemplo, eran 1.352.

Aunque parezca una perogrullada, si hay el mismo número de presos preventivos es, básicamente, porque los jueces de guardia no envían a la cárcel a más detenidos que hace un año.

Francisco González Maíllo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, no aprecia cambios de tendencia sustanciales en las decisiones de los juzgados de guardia, ni siquiera con la nueva legislación que endurece el castigo en los casos de violencia doméstica. El magistrado recuerda que el fiscal, que es quien está obligado a pedir la orden de prisión contra un detenido para que el juez la pueda acordar, sigue manteniendo los mismos criterios de los últimos años.

El aumento de 200 presos en el último año corresponde casi por completo a ciudadanos extranjeros. A principios de enero eran 2.831 los extranjeros en las cárceles catalanas, frente a los 2.625 de hace un año, o los 2.207 del anterior y así cada vez menos hasta llegar al año 2000, en que eran 1.348. Es decir, hace cinco años, los extranjeros suponían el 22,19% de la población reclusa. Ahora son el 34,11%. Lo habitual es que ante un delito, aunque no sea grave, cometido por un inmigrante sin domicilio conocido, el juez de guardia dicte su ingreso en prisión para evitar la huida y asegurar su presencia en el juicio rápido. En iguales condiciones, un español queda en libertad con cargos.

Otro dato que ayuda a explicar que no aumente el número de presos es el gran incremento de las personas que están sometidas a medidas penales alternativas a la prisión. A principios de este año eran 1.943, casi el doble que hace un año. El pasado mes de octubre, el Departamento de Justicia alertó de que tenía listas de espera para aplicar estas medidas por la falta de colaboración de las instituciones, entidades y organismos privados, pero hace unas semanas se firmaron varios convenios de colaboración que han aligerado la situación. De este modo, si un juez opta por esta vía y pide a la Generalitat que aplique una alternativa a la cárcel, ahora ya se puede cumplir y el afectado puede realizar un cursillo de resocialización o trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Es una forma de que el que la haga, la pague, pero sin tener que entrar en unas cárceles que están masificadas y lo estarán hasta que empiecen a ser realidad los centros en construcción.