Un ambicioso proyecto enterrado por el Gobierno regional tras dos denuncias de amaño y una sentencia

En 2003, Adán Martín, de Coalición Canaria, accede a la Presidencia canaria y renueva un pacto con el PP, que designa a Luis Soria al frente de Industria. Éste es el hermano del presidente del PP en Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Manuel Soria. Luis Soria convoca en octubre de 2004 un concurso para instalar en las islas 344 megawatios de potencia generados por energía eólica.

Sólo un mes después (noviembre de 2004), el economista Francisco Cabrera presenta ante la Fiscalía Anticorrupción sus sospechas de que el presidente del Cabildo, José Manuel Soria, su hermano, el consejero de Industria, Luis Soria, y el presidente de los Puertos de Las Palmas, José Manuel Arnaiz (apoyado por los dos anteriores) habían mermado la capacidad de acción de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, para favorecer a Promotora de Recursos Eólicos, recientemente creada con el fin de hacerse con la concesión del millonario negocio en zonas estratégicas de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

La Fiscalía no siguió esta investigación. Pero en junio de 2005, otra denuncia, esta vez ante la Jefatura de Policía y Anticorrupción, destapa posible información privilegiada desde la consejería de Industria (dirigida por el hermano del presidente del PP) a una de las empresas que participaría en el concurso, que habría recibido el pliego de condiciones cuatro meses antes de que se publicara la convocatoria en el Boletín Oficial.

La Fiscalía remite el caso al juzgado de instrucción 7 de Las Palmas y su titular, Miguel Ángel Parramón, comienza una investigación, donde incluye escuchas telefónicas, entre otros a Wilebaldo Luis Yanes.

En verano de 2005, el presidente nacionalista Adán Martín rompe diez años su alianza con los populares y expulsa a los tres consejeros conservadores, entre ellos Luis Soria. Su sucesora en Industria, Marisa Tejedor, investiga y concluye que no hay indicios de delito en este departamento. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la base del polémico concurso por defecto de forma. El Gobierno anuncia en diciembre pasado que anula el concurso, que indemnizará a los más de 412 proyectos presentados y que convocará un nuevo texto en el futuro, nunca antes de finales de este año.