Una ex alto cargo del PP acusa ante el juez de acoso moral a otra

Dos altos cargos nombradas por el PP se vieron ayer ante los tribunales. La ex directora de la Fundación Valenciana de la Calidad, dependiente de la Consejería de Universidad y Empresa, Carolina Sánchez, demandó a Carmen Martorell, presidenta de esa fundación, por acoso moral y despido nulo. Según Sánchez, Carmen Martorell vació de poder su cargo y minimizó sus responsabilidades ante los empleados.

Una grabación evidencia un enfrentamiento por un despacho

A las puertas del Juzgado de Lo Social número 13 de Valencia se encontraron ayer varios altos cargos del PP. De una parte, Carolina Sánchez, directora de la Fundación Valenciana de la Calidad entre enero de 2000 y octubre pasado, y su marido, José Antonio Manteca, ex secretario del consejo de administración del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), y ex responsable de Empresa de la Generalitat, cargo del que fue cesado el 22 de enero de 2005. De otra parte, Carmen Martorell, la demandada, ex directora general de Universidad y ex secretaria general de Medio Ambiente. Es la presidenta de la Fundación desde junio pasado, designada por el consejero de Empresa, Justo Nieto, y responsable del departamento de Psicología de la Universidad de Valencia. La acompañaba personal de la Fundación y de la consejería. Entre unos y otros, ni el saludo.

A las 11.00 se sentaron ambas, Carolina Sánchez y Carmen Martorell, en el mismo banco, frente al juez. La letrada de la Fundación, creada cuando Manteca estaba en la Consejería, explicó que se prescindió de la que fue directora atendiendo a los requisitos del contrato de alta dirección. Descartó que tuviera que ver con su situación de embarazada (lo estaba de tres meses y de baja cuando fue cesada) ni que se hubiera vaciado de poder el puesto de directora o que Martorell hubiera descalificado su trabajo o sus capacidades.

El letrado de Carolina Sánchez, por contra, dijo al juez que cuando Martorell fue nombrada, en junio, anunció una reestructuración que no comunicó a la directora, que cuando en septiembre la demandante gira una carta al vicepresidente del patronato relatando lo que consideraba una situación de menosprecio de su trabajo y anulación progresiva de sus funciones, le fue contestado que no era así. Más aún, dijo el letrado, se le respondió que sus poderes se mantenían, aunque mancomunados, y que sólo residiría de forma exclusiva en la presidencia de la Fundación la representación. Y dos semanas después, cuando Sánchez estaba de baja, se le comunica su cese por reestructuración. El letrado considera que todo fue una estrategia que pasó por el desgaste con el que pretendían que su cliente abandonara. Tres testigos, empleados de la Fundación, dieron su versión. Y una grabación de una reunión en la que, entre otras tensiones entre ambas, se escucha el intercambio de argumentos por el uso de un despacho, ilustraron a la sala. El fiscal advirtió de la necesidad de probar el acoso moral con hechos continuados y de la inclusión en el contrato de alta dirección de la posibilidad de cese si cambia el organigrama. El caso quedó visto para sentencia.