El PSOE denuncia a Anticorrupción el gasto millonario en abogados del gobierno marbellí

El Ayuntamiento contrató un despacho jurídico sin concurso y con la intervención en contra

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la contratación de varios despachos de abogados, con cargo al erario público, para la defensa "indiscriminada" de concejales y ex concejales de Marbella imputados en los numerosos procedimientos penales abiertos. Los socialistas, que ayer remitieron la documentación al fiscal, aseguraron que uno de los convenios, firmado con el bufete granadino Pablo Luna Asociados, se realizó sin concurso público y con informe contrario del interventor municipal, por lo que estiman que podrían existir indicios de delitos de malversación y prevaricación.

El portavoz del PSOE de Marbella, Silvestre Puertas, insistió ayer en la existencia de varias irregularidades en el convenio firmado en octubre de 2003 con Luna Asociados, que subrayó se adoptó con el informe "desfavorable" del interventor municipal, Juan Antonio Castro. "Se contrató al despacho por la vía de urgencia y aunque aseguraron que iban a convocar un concurso, han pasado más de dos años y no lo han llevado a cabo", explicó el edil. El bufete, que se encarga de la defensa de varios ediles, entre ellos la alcaldesa del municipio, Marisol Yagüe, factura al Ayuntamiento una media de 90.000 euros anuales.

Pero Luna Asesores no son los únicos letrados que se encargan de defender a los concejales del equipo de gobierno en los tribunales. Puertas indicó que el abogado José Carlos Aguilera, que defiende a los tránsfugas socialistas, Isabel García Marcos y José Jaén, cobra unos 120.000 euros al año de las arcas municipales.

"Está contratado por una empresa municipal, no sabemos dónde trabaja ni qué hace", señaló Silvestre Puertas. Por ultimo el concejal del PSOE se refirió a la contratación también a través de una sociedad municipal del abogado Ramírez Luna -defensa del ex edil Carlos Fernández, condenado por un Jurado popular por malversación de caudales públicos- por más de 130.000 euros al año.

Puertas indicó que su grupo ha solicitado al Fiscal Anticorrupción que abra diligencias para depurar las responsabilidades que pudieran existir, y criticó que el consistorio marbellí pague la defensa de personas que van "contra los intereses generales" de la Corporación.

Intereses del pueblo

"Nos parece una paradoja que el Ayuntamiento defienda a personas que han atentado contra los intereses del pueblo", dijo ayer Puertas. El PSOE, que ha remitido al fiscal el acta de la comisión de gobierno de octubre de 2003, ha pedido a la alcaldesa Marisol Yagüe que aclare si los ya ex concejales Rafael González, Marisa Alcalá, Carlos Fernández o Julián Muñoz, condenados por irregularidades en su gestión en el Ayuntamiento, han devuelto las cantidades que fueron destinadas al pago de sus abogados durante la defensa de sus litigios.

Yagüe replicó ayer que el propio convenio colectivo del Ayuntamiento y las empresas municipales recoge que el consistorio costeará la defensa de "todos los empleados municipales" que resulten acusados de algún delito en el desarrollo de sus funciones. No obstante reconoció que también estipula que si hubiese condena firme definitiva y de ella se dedujese daño de ese delito al Ayuntamiento, este deberá devolver el dinero.

La alcaldesa marbellí criticó que el interventor municipal Juan Antonio Castro opine que el Ayuntamiento no debe pagar la defensa y sin embargo él mismo "no haya adelantado ni un euro" para pagar la defensa de las causas en las que aparece como imputado.

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