El informe jurídico del Gobierno avala la liquidación de las Cámaras urbanas

Los departamentos de Hacienda y de Vivienda tienen ya en sus manos el informe jurídico que avala la liquidación de las tres Cámaras de la Propiedad Urbana y su patrimonio, y la reubicación de su personal. La Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo que emite los informes preceptivos de legalidad de todas las normas que impulsa el Gobierno, ha dictaminado que el proyecto de decreto sobre el Régimen y Destino del Personal y Patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, se ajusta a derecho.

Los 16 folios del informe contrastan el borrador de decreto con la legislación vigente y con la jurisprudencia que se ha generado desde que, en 1990, un real decreto que fue perfeccionado en 1994, acabó con las Cámaras como corporaciones de derecho público.

El Gobierno vasco ha tardado más de diez años en aplicar una norma que ha estado sometida a un intenso debate en los tribunales, y sólo lo ha hecho al constatar, con una auditoría en la mano, que se estaban produciendo graves deficiencias en la gestión de las cámaras de Vizcaya y de Guipúzcoa. Entre 1999 y 2002 estos dos organismos perdieron más de dos millones de euros de los 17 millones en los que estaba valorado su patrimonio, debido a graves errores de gestión y a una "desproporcionada" estructura de gastos.

El patrimonio de las tres era de 18,1 millones. La auditoría sostenía que los gestores de las tres Cámaras no se adaptaron al descenso de ingresos cuando las cuotas de los socios dejaron de ser obligatorias, situación en que estuvieron de 1927 a 1990.

Fuentes del Ejecutivo indicaron ayer que el informe es tan completo que cuando el decreto sea aprobado por el Consejo de Gobierno quedará casi "blindado" frente a los recursos que han anunciado que presentarán las tres Cámaras de la Propiedad.